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Experto sostiene que costará combatir el acoso sexual en las empresas

Experto sostiene que costará combatir el acoso sexual en las empresas

Un 51% crecieron las denuncias por acoso sexual laboral entre enero y junio de este año, en comparación al mismo periodo de 2017. Según la Dirección del Trabajo, en el último mes de este semestre se registraron 53 denuncias, la cifra más alta de 2018.

Para el psicólogo laboral y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Raúl Berríos, es difícil combatir esta cifra con resultados significativos en el corto plazo. A su juicio, esta conducta se encuentra, la mayoría de las veces, enquistada en la cultura organizacional de las empresas.

“Esto tiene que ver con pautas culturales arraigadas dentro de las empresas y uno podría pensar que aun cuando hubiesen más mujeres en cargos directivos, les podría ser difícil cambiar e, incluso, percibir que existen estos casos dentro de su organización”, sostiene.

Para el especialista en el estudio de las emociones, relaciones interpersonales en las organizaciones y dinámicas de los equipos de trabajo, este es un proceso que durará mucho tiempo para que las organizaciones se acostumbren, lo incorporen y cambien sus prácticas.

Sin embargo, “uno esperaría que esto se instale como una preocupación genuina. Por ejemplo, que dentro de la declaración de valores de las organizaciones, se incluya la igualdad, con el respeto por la diversidad sexual y de género, para empezar a cambiar la manera en que piensan su relación con las mujeres”, afirma el académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) del plantel estatal.

Finalmente, valora que en el último tiempo se haya hecho más patente esta situación. “En el pasado reciente, los episodios de abuso o acoso sexual eran invisivilizados y las víctimas, muchas veces, tendían a pensar que tenían un grado de culpabilidad respecto a la situación que padecían”, concluye el Dr. Berríos.

Experto descarta que multas inhiban a clientes del comercio ambulante

Experto descarta que multas inhiban a clientes del comercio ambulante

Multas de 1 a 5 Unidades Tributarias Mensuales ($47.681 a $238.405) serán aplicadas a los consumidores que compren en el comercio ambulante no establecido en Providencia. Esa fue la medida anunciada por la alcaldesa de la comuna, Evelyn Matthei. La ordenanza municipal comenzará su marcha blanca este miércoles y el castigo en dinero se hará efectivo a partir del 1 de agosto.

Para el experto en comportamiento del consumidor y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Enrique Marinao, la medida es errada y no inhibirá las compras en las calles, debido a que las personas actuarían mayormente motivadas por la oferta disponible en el mercado, independiente de si esto implica un castigo.

“Restringir la potestad de los consumidores de elegir dónde comprar no se soluciona vía decreto. No tiene sentido restringir las libertades básicas de cualquier ciudadano, de comprar donde estime pertinente”, sostiene.

El Dr. Marinao critica este tipo de medidas enfocadas en la restricción, las que considera reactivas y que, a su juicio, no se harían cargo de abordar el problema como debiera hacerse. Desde su perspectiva, lo recomendable sería atacar la cadena de producción desde un principio.

“Los distribuidores del comercio ambulante no han sido identificados con la acuciosidad que se requiere. Lo recomendable sería transparentar y controlar la cadena de distribución que funciona como proveedora del comercio ambulante”, enfatiza.

Finalmente, estima que el municipio de Providencia, con esta medida, termina por estigmatizar a los comerciantes ambulantes como delincuentes, lo que considera un error. “Estas personas son trabajadores que buscan desenvolverse lejos de las malas prácticas, como los asaltos”, concluye.

Nivel de Conocimiento de Facultad de Derecho aumenta 17% en un año

Nivel de Conocimiento de Facultad de Derecho aumenta 17% en un año

En su año y medio de existencia, la Facultad de Derecho de la U. de Santiago ha desarrollado diversas actividades académicas y de vinculación con el medio. Entre estas últimas, dos seminarios sobre la Reforma Laboral, en junio de 2017, y sobre la Ley de Inclusión Laboral, el 5 de julio recién pasado. En ambas ocasiones se aplicó una encuesta para medir, entre otras cosas, el nivel de conocimiento de la existencia de la Facultad.

De los resultados obtenidos este año, en comparación al año anterior, se refleja un alza. Frente a la pregunta “¿Antes de enterarse de la realización de este seminario, usted conocía de la existencia de la Facultad de Derecho de la U. de Santiago?”, un 72% declaró que sí, mientras que el año 2017 un 55% contestó afirmativamente.

En ambas ocasiones, con un promedio de asistencia de 70 personas, la encuesta ha estado dirigida a una muestra similar. En su mayoría -sobre el 80%- abogados, además de profesionales de áreas afines a la gestión de personas.

Pero este año, además, quienes participaron en la encuesta fueron más: 87% de los asistentes, mientras que en 2017 lo hizo el 50%.

Satisfacción

Además de medir conocimiento, en la encuesta también se consultaron temas relacionados al nivel de satisfacción generado por ciertos aspectos de la organización del seminario. Un 89% de los encuestados manifestó sentirse satisfecho o muy satisfecho con aspectos como el lugar de realización, el método de inscripción, horario y las exposiciones.  

El seminario se realizó en el Hotel Crown Plaza y contó con las exposiciones del Director del Trabajo, Mauricio Peñaloza; del experto en normas de la OIT, Humberto Villasmil; del Diputado Evópoli, Francisco Undurraga; del director de la Red de Empresas Inclusivas, Rodrigo Carvajal; y de la profesora Cecily Halpern, especialista en Derecho del Trabajo y Vicedecana de la Facultad.

Los panelistas coincidieron en el cambio cultural que debe acompañar la aplicación de la Ley de Inclusión Laboral y de la importancia de ir clarificando los alcances de ciertos aspectos, como la obligatoriedad de organismos públicos y empresas con más de 100 colaboradores o colaboradoras de contratar un 1% de personas con discapacidad.

Cabe señalar que durante el año pasado y lo que va de este, la Facultad ha desplegado una serie de iniciativas para vincularse al medio y ser conocida, entre ellas, además de los seminarios y el desarrollo de canales de comunicación institucionales, una campaña de difusión en medios especializados enfocados al mundo jurídico.

Experta sostiene que menor consumo de bebidas azucaradas se debe a Ley de Etiquetado

Experta sostiene que menor consumo de bebidas azucaradas se debe a Ley de Etiquetado

Un 21,6% se redujo el consumo de bebidas azucaradas en Chile. Esa fue la conclusión de una investigación financiada por Conicyt y el Research Council de Reino Unido. El estudio, que evaluó las compras de casi tres mil hogares desde 2011 a 2015, relacionó esta disminución al aumento del impuesto que se efectúo hace poco menos de cuatro años: el importe pasó de 13% a 18 para bebidas con una concentración de azúcar agregada de 6,25 gramos por 100 ml o más.

Para la experta en análisis de los alimentos y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Zamorano, la baja en el consumo de este tipo de bebidas es “significativa”. Sin embargo, rechaza que ello se deba a la reducción del impuesto. A su juicio, la reducción obedece a la propaganda que se ha hecho a nivel estatal por una salud saludable, lo que se ha sumado a la Ley de Etiquetado. Ambas acciones habrían logrado comunicar a la población respecto a los peligros de consumir alimentos con alto contenido en azúcar.

“Estas son las pequeñas intervenciones que ha logrado la política de salud pública, que informa, de manera persistente, que el consumo excesivo de algunos nutrientes traerá consecuencias que no son beneficiosas para la salud”, afirma. “La reducción se debe más al marco de las políticas públicas que proporcionan conocimiento en la población de los beneficios de una vida más saludable”, insiste.

La académica del  Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos explica que si bien el impuesto aumentó el costo de producir una bebida con azúcar y, por ende, las empresas disminuyeron la producción de estas, facilitando la disminución de su consumo, recuerda que el estudio tampoco detectó un alza importante de sus alternativas directas -“zero” o “light”-. Es decir, la variación no respondería a que las personas se inclinaron por opciones más baratas a causa del importe, sino, derechamente, por otras más saludables, como aguas minerales o saborizadas sin azúcar.

“Diría que ha ido cambiando el tipo de consumo y no tiene que ver tanto por el impuesto, sino porque la industria dispone otros productos para que la gente que se preocupa más de su salud los compre”, afirma. “La baja es significativa, pero la duda que queda es si es efecto del impuesto. Desde mi punto de vista, esto se debe más a que una parte importante de la población ha decidido disminuir el consumo de azúcares en varios alimentos. Debido al alto consumo de bebidas por parte de los chilenos, el foco de la reducción de azúcares pueden haberlo puesto ahí”, concluye.

Revisa aquí el avance de los conteos en línea

Sostienen que actualización de planes reguladores permitirá menor segregación en la capital

Sostienen que actualización de planes reguladores permitirá menor segregación en la capital

Seguridad en los edificios y en los espacios urbanos; establecer condiciones de higiene en dichos espacios y fijar sus límites de densidad poblacional. Estos son algunos de los aspectos que norma un plan regulador. De acuerdo a un sondeo realizado por El Mercurio, veinte municipios del Gran Santiago se encuentran efectuando modificaciones a estos instrumentos, ya que algunos tienen más de 30 años sin actualizarse o abarcan solo una parte de su territorio. Según comentaron al diario de circulación nacional, los cambios debieran estar vigentes en 2021.

Para el arquitecto especialista en urbanismo y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Carlos Muñoz, la actualización de los planes reguladores proporciona una mayor equidad en la distribución de los espacios de la capital que, en la actualidad, se encuentran caracterizados por una gran segregación socioeconómica. “Hay zonas donde, efectivamente, los valores de los inmuebles se han disparado, porque hay lugares que no permiten una densidad media suficientemente atractiva para construir. Por ende, estos espacios se ofertan a precios que no son razonables para toda la población, sino solo para algunos sectores privilegiados”, explica.

De acuerdo al especialista, esto se observa en comunas como Ñuñoa, donde hay zonas que no permiten una mayor densidad de construcción. Si se ampliara dicha densidad de manera “razonable”, estima, los precios disminuirían y permitirían un acceso más heterogéneo a estos espacios. “Si estos lugares permitieran 400 o 600 habitantes por hectárea, y cinco o seis pisos de construcción, no se afectaría el equilibrio entre equipamiento e infraestructura. Además, permitiría generar vida de barrio, donde la gente puede reconocerse entre sí, lo que influye en una mayor seguridad”, sostiene.

El académico de la Escuela de Arquitectura del plantel estatal también grafica con Peñalolén el problema que provoca que no se actualicen los planes reguladores. “La comunidad ecológica de esa comuna se niega a permitir la modificación de este instrumento, para impedir que una persona con menores recursos que ellos pueda optar a un subsidio del Estado para instalarse en esa zona”, explica.

Finalmente, el Dr. Muñoz reconoce que un plan regulador no puede eliminar los llamados “guetos urbanos” que ya fueron construidos, ya que no tiene efecto retroactivo. Sin embargo, enfatiza que el rediseño del instrumento puede permitir que no vuelvan a repetirse, si se definen alturas y densidades máximas adecuadas por manzana o hectárea, fijando normas que ninguna inmobiliaria podría evadir. Por eso, considera que una vez definidos en esta veintena de comunas de Santiago, debieran actualizarse cada cinco años.

“Contar con instrumentos de planificación permite ordenar el diseño urbano de las ciudades, para poder establecer parámetros de búsqueda tanto del bien común como de la equidad social y territorial. La única manera de lograr esto es con un instrumento que defina la trama diaria, la instalación del equipamiento, la residencia y el espacio público, para avanzar hacia una mejor calidad de vida de las personas”, concluye.

Experto sostiene que proyecto de viviendas sociales de Las Condes es incompleto

Experto sostiene que proyecto de viviendas sociales de Las Condes es incompleto

El alcalde de la municipalidad de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció la construcción de un proyecto de viviendas sociales en el sector de la Rotonda Atenas. Sin embargo, la iniciativa ha sido rechazada por un grupo de vecinos, que esta semana organizó un “cacerolazo”. Entre sus argumentos, plantean que la llegada de estos nuevos moradores podría disminuir la plusvalía del área y convertir el lugar en un foco de la delincuencia.

Al respecto, el arquitecto especialista en urbanismo y académico de la Universidad de Santiago, Jonás Figueroa, reconoce que el proyecto busca solucionar el problema de la segregación que afecta a las comunas de Santiago. Sin embargo, considera que la iniciativa, en los términos en que está planteada, se encuentra incompleta. 

“No solo se trata de resolver el tema de la vivienda, sino de mejoras de áreas verdes, en la arborización, en los equipamientos deportivos y en los recreativos, para que todos, los nuevos moradores y los vecinos tradicionales del sector, se sientan efectivamente beneficiados”, afirma.

El especialista también advierte que la estrategia de integración debe considerar que estos nuevos residentes deberán resolver problemas de educación y salud, por lo que requerirán instalaciones que cubran estas demandas de acuerdo a sus posibilidades.

Con todo, considera que la iniciativa debiera ser replicada, pero critica aspectos de la arquitectura y construcción de la misma. “No solo hay que resolver la segregación, sino que toda la calidad arquitectónica de nuestras construcciones y desarrollo inmobiliario, que es bastante deficiente y de mala calidad, no solo respondiendo a la normativa sísmica o urbanística. También, a un mejor diseño y utilización de materiales, para no traspasar al residente problemas de aislamiento térmico o acústico”, enfatiza.

Estrategia política

Por su parte, el cientista político y académico del plantel estatal, Dr. Bernardo Navarrete, considera que las intenciones del edil de la comuna del sector oriente de la capital no se encuentran en cautivar nuevamente a los electores de Las Condes.

“Lavín no está pensando en su electorado de Las Condes, sino en nacionalizar su liderazgo toda vez que plantea el tema de la equidad en el acceso”, asegura. “En general, los alcaldes en Chile no son competidores centrales en el juego político, pero él, al plantear un deber moral con aquellos que están en situación de abandono o que no tienen acceso a una vivienda digna en una de las comunas con mayores ingresos en Chile, se anota un punto en la opinión pública que, en general, no tendría otro edil”, explica.

A su juicio, el gesto también podría interpretarse como una señal al electorado de Evópoli. “Lo más lógico e inteligente es pensar que no puede seguir administrando la nostalgia del electorado conservador, sino deberán buscar a nuevos electores con una mayor sensibilidad social”, recalca.

Reacción social

Finalmente, el sociólogo y profesor de la Escuela de Periodismo de la misma casa de estudios, Claudio Avendaño, destaca el espíritu de la iniciativa que, desde su perspectiva, intentaría resolver la segregación socioeconómica de la población, uno de los principales problemas de la capital.

“La segregación social es, en sí mismo, un factor negativo, así como todo aquello que contribuya a amplificar ese efecto”, recalca. “No obstante, estamos en un sistema que genera estas situaciones de segregación y, mientras no se resuelvan las causas que provocan este problema, a nivel sistémico, es poco lo que se saca con reparar las consecuencias del mismo”, afirma.

Para Avendaño, el sistema económico  en Chile ha provocado que la población resalte los valores individuales y relegue aquello que apunte al bien común, y que ello explica la tensión que origina el proyecto en el sector. Sin embargo, subraya que el hecho marca un precedente. “Se comienza a plantear un problema que es necesario discutir en términos más generales, como sociedad”, sostiene.

Estiman que reducción del límite de velocidad no disminuirá un 30% de las muertes por accidentes

Estiman que reducción del límite de velocidad no disminuirá un 30% de las muertes por accidentes

“Está comprobado que 10 km/h menos de velocidad reduce en más o menos 30% la probabilidad de fallecer en un accidente”, aseguró la ministra de Transportes, Gloria Hutt. Ello, luego de que el Congreso despachara el proyecto de ley que reduce el límite de velocidad urbana de 60 a 50 km/h.

Para el experto en transportes y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, la afirmación de la titular del MTT es inexacta. “La reducción del límite de velocidad no logrará bajar un 30% las muertes por accidentes”, afirma. “La tasa a la que alude la ministra Hutt está asociada a cambios con respecto a límites más altos, como de 120 a 110 km/h, pero chocar a 60 o a 50 km/h no hace una diferencia tan significativa”, explica.

Según el experto, en velocidades inferiores no se logra bajar tan significativamente las tasas de mortalidad, dada la seguridad que proporcionan los automóviles con las nuevas tecnologías asociadas a los vehículos.

Además, descarta cambios significativos en las calles de las ciudades del país si la implementación de la iniciativa no contempla una fiscalización amplia y permanente. El año pasado, se registraron 1.483 fallecidos en más de 950 mil siniestros.

“La normativa en sí misma no asegura la reducción de estos accidentes”, asegura el académico del Departamento de Ingeniería Industrial del plantel estatal. “Cuando no hay carabineros en las autopistas controlando el límite de velocidad, lo común es que el automovilista circule en dicho límite o sobre este”, afirma.

Finalmente, destaca que el Ministerio de Transportes anunciara cámaras automatizadas y fiscalización presencial en vías exclusivas, pistas solo bus y corredores de buses. No obstante, hace hincapié en que esto no contempla la totalidad de las calles, por lo que la normativa podría terminar convirtiéndose en “letra muerta” en muchos sectores de la urbe.

“No se verá ningún cambio en las calles de la ciudad. Aunque las personas estén al tanto de la norma, si no hay ninguna otra acción en consecuencia, los conductores volverán a sus comportamientos habituales”, concluye.

Experta advierte que exigencias de visa humanitaria para haitianos son discriminatorias

Experta advierte que exigencias de visa humanitaria para haitianos son discriminatorias

“Racismo institucional”. Así calificó la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes a la exigencia que se le hace a la población haitiana de no tener enfermedades infectocontagiosas al momento de arribar a Chile. Esta condición es parte de la nueva visa humanitaria implementada por el Gobierno, que busca que los haitianos residentes en nuestro país traigan a sus familiares.

La Directora del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Carmen Norambuena, concuerda en que esta política implica establecer una diferencia negativa con las personas provenientes de dicho país. “Si se exige, debiera ser una condición para todos. No debiera suponerse que solo los haitianos padecen este tipo de enfermedades”, afirma.

La especialista reconoce que el espíritu de la iniciativa es “valioso y meritorio”, en el sentido de que busca la reunificación familiar de esta población. No obstante, considera que el beneficio se ve “obstaculizado” por una serie de trámites que califica como “absurdos”. “Todos estos trámites se transforman en otra valla para ellos. Si esta población salta un obstáculo, le colocan otra más alta y eso hace imposible que terminen la carrera”, critica.

Los haitianos pueden conseguir esta visa humanitaria enviando una carta notariada a su país, además de conseguir el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y efectuar un pago de US$100.

“No corresponde hacer ese trámite notarial si el individuo está regularizado en nuestro país, con sus papeles al día. Debería obtener inmediatamente la Visa para la reunificación familiar”, afirma la Dra. Norambuena.

En síntesis, la especialista destaca que la señal que da el Gobierno con esto es que no busca favorecer la migración haitiana en Chile. “Pedir esto es desconocer la realidad que vive ese país actualmente, que tiene una economía empobrecida y que, por lo mismo, provoca la migración de su población”, concluye.

Récord de “portonazos” evidencia consolidación de mercado ilegal de vehículos

Récord de “portonazos” evidencia consolidación de mercado ilegal de vehículos

Un récord de “portonazos” en la zona oriente de la capital fue lo que reveló un boletín estadístico entregado por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente a las municipalidades del sector. Tomando en cuenta los cinco primeros meses del año, este ilícito incrementó en un 48% en comparación a 2017.

Para el experto en seguridad pública y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, las cifras constatan la existencia de un nicho de mercado que se desarrolla al margen de la ley.

“Esto demuestra que se ha consolidado un mercado ilegal muy peligroso de automóviles o piezas robadas de vehículos. Por eso, habrá que iniciar labores muy fuertes de investigación por parte de las policías y de la Fiscalía para controlar esto”, señala el ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.

El ilícito denominado como “portonazo” fue bautizado así por medios de comunicación y hace alusión a los robos realizados en el ingreso de domicilios particulares (portones), donde los delincuentes intimidan o violentan a la víctima para sustraer sus automóviles. Si entre enero y mayo de 2016, año en que comenzó la medición de este fenómeno, los casos fueron 636 y bajaron a 491 en 2017, la cifra volvió a dispararse en 2018, llegando a los 727.

Necesidad de un informe nacional

El informe, que detalla diversos datos asociados a estos delitos, fue remitido vía e-mail a los alcaldes de la zona oriente de Santiago por el fiscal regional Manuel Guerra. Al respecto, el especialista destaca la iniciativa, pero considera que el Ministerio Público debiese hacer públicas estas estadísticas a nivel de todo el país.

“El Ministerio Público cumple con publicar en su página web el reporte estadístico anual o trimestral respecto de los delitos ingresados”, reconoce. “Sin embargo, tenemos varias limitaciones de información. En dichos boletines, se hace una agrupación de los tipos delictuales, pero son muy globales y, por lo tanto, no sabemos si en esos robos hay un portonazo o si es en la vía pública. No presenta la estadística en desglose”, argumenta.

Finalmente, a juicio de Araya, esta información no solo permitiría reforzar las rondas preventivas en los barrios, calles y horarios en que, efectivamente, suceden con mayor frecuencia estas situaciones. También, considera que el carácter público de un boletín de este tipo supondría un beneficio para los vecinos de estos sectores.

“Al menos trimestralmente, se debieran poder publicar reportes de dónde están ocurriendo los hechos, a qué hora y cuál es la figura más utilizada para cometer ilícitos de este tipo. Eso permite tomar medidas no solo a las policías, sino también a las personas, que también tienen derecho a ser alertadas, para que puedan tomar medidas preventivas”, concluye.


 

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