Pese a que el proyecto original del Gobierno contemplaba alcanzar un salario mínimo de $300 mil recién en enero de 2020, las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara de Diputados aprobaron acortar el plazo para llegar a dicho incremento al 1 de marzo del próximo año. La iniciativa será votada en Sala de la Cámara Baja este martes. 

Sin embargo, para el economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Manuel Llorca-Jaña, este monto sigue siendo insuficiente para solventar los gastos de las personas, a juzgar por la canasta de bienes y servicios que contempla el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que constituye una muestra representativa del consumo de los hogares chilenos.

“Sigue siendo extraordinariamente bajo; hay muchísimo espacio para seguir aumentando la remuneración mínima. Éticamente, es bastante reprochable”, considera el experto en historia económica de la empresa. “Considerando que en los hogares chilenos suele haber una pareja de adultos que trabaja –es decir, 600 mil pesos como sueldo bruto-, y considerando los descuentos por impuestos –Isapre, AFP, entre otros- alcanza para el arriendo de una vivienda bastante precaria, pagar las cuentas y apenas un poco más”, afirma.

A su juicio, el monto aprobado en las comisiones de la Cámara de Diputados no soluciona uno de los principales problemas de la economía chilena: el alto número de hogares sobreendeudados, lo que, a su juicio, implicará graves consecuencias para la economía nacional. Por eso, sostiene que el país debiera discutir este monto considerando también lo que ocurre en los países desarrollados. 

“Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay mucha desigualdad y pobreza, el sueldo mínimo se fija por hora, no por mes. Aquí, son siete dólares la hora, y si alguien trabajase 40 horas a la semana ganaría prácticamente 800 mil pesos de sueldo mínimo”, afirma. “Hacia allá deberíamos apuntar”, enfatiza.

Finalmente, señala que lo más conveniente es seguir discutiendo la cifra del salario base de manera anual, pero que esta discusión debiese realizarse asignando montos por hora trabajada y no por jornada mensual, como se calcula actualmente. “El sueldo mínimo es por cuarenta horas semanales y los trabajadores, aunque trabajan muchísimo más, siguen percibiendo esta renta base, sin horas extras”, critica. “Además, si queremos agregar flexibilidad laboral, lo lógico es calcular el sueldo por hora”, concluye.

El Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la USACH, Claudio Martínez, relevó la importancia de poder actuar conjuntamente para buscar soluciones. En ese sentido, profundizó en la crisis que atraviesa el sistema público de apoyo a la investigación, aseverando la responsabilidad ineludible del Estado para con la ciencia en nuestro país.

En la misma línea, los asistentes discutieron sobre las problemáticas estructurales del fomento a la investigación por parte de las organizaciones estatales, y cómo es cada vez más necesaria una política de apoyo a la investigación, que permita pensar al país y su relación con la ciencia de manera amplia.

El problema no es sólo la falta de recursos

El encuentro celebrado tiene como raíz la falta de los recursos para becas de postgrado y la disminución de los beneficios complementarios para la investigación que entrega la Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología (CONICYT), los que impactan en cuestiones como la compra de insumos, pasantías o participación en congresos, aspectos fundamentales para la actividad científica y que ha afectado a investigadores en las diversas áreas del conocimiento.

En este sentido, el Presidente de Conicyt, Mario Hamuy, indicó que “existe una demanda mayor y no podemos gastar más de lo que la ley nos permite. Si ustedes me preguntan qué haremos más adelante, no puedo tener una respuesta, porque aún no contamos con el presupuesto 2019, pero sí les aseguro que hemos hecho el requerimiento para un aumento de presupuesto”.

Para Claudio Martínez, el tema no se circunscribe únicamente en los recursos, sino que también en sopesar correctamente el rol que cumplen los centros universitarios como espacios de investigación.

La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación se volvió de igual forma un debate obligado para los miembros de las universidades participantes, donde observaron con igual preocupación la escasa importancia que tendrían dentro de la nueva institucionalidad.

Para Martínez, esto da cuenta de una actitud contraproducente, que envía una señal equivocada sobre las relaciones entre el Estado y sus universidades, declarando que la misión de estas últimas “es ser parte, no clientes de esta nueva institucionalidad, porque nosotros somos la institucionalidad”, entendiendo que “el 80% de la investigación en Chile se realiza en nuestros centros educativos, por ello, el rol que tiene el CRUCH en esta discusión es trascendental”

En el encuentro Mario Hamuy, invitó a las universidades a adaptarse a esta nueva realidad, tras lo cual el Vicerrector de la Usach, respondió enfáticamente: “usted nos dice que nos adaptemos a la nueva realidad, pero nosotros queremos cambiarla, queremos transformar al país a través de la ciencia, de lo contrario, en vez de generar conocimiento, replicaremos pobreza”.

En el encuentro, el Presidente de Conicyt presentó la sobre la Política Nacional de Formación de Capital Humano Avanzado, tras lo cual se formaron tres de mesas de trabajo y, posteriormente, se expusieron las conclusiones.

Mil 560 millones de dólares anuales. Esa sería la recaudación fiscal adicional generada, en un plazo de dos décadas, por la eventual mayor demanda de cobre y litio para fabricar automóviles eléctricos.  La conclusión es parte del "Estudio de Movilidad Eléctrica en Chile" de la Agencia de Eficiencia Energética, desarrollado por la consultora suiza EBP y patrocinado por el Ministerio de Energía. El trabajo concluye que si el país implementa medidas para impulsar la electromovilidad, estos vehículos podrían llegar a constituir entre el 25 y 40% del mercado de automóviles.

Al respecto, el experto en electroquímica y académico de la Universidad de Santiago, Dr. José Zagal, considera que los pronósticos podrían ser mucho más optimistas si el país se industrializara en esta materia. “Estas proyecciones están basadas en importaciones de litio y de cobre, pero lo que sería más interesante para lograr esos objetivos es impulsar las exportaciones con mayor valor agregado”, apunta.

Para el académico del Departamento de Química de los Materiales del plantel estatal, lo que Chile exporta actualmente es salmuera, con mínimo valor agregado y en circunstancias que el litio que se usa para baterías es el metálico. A su juicio, el país está en condiciones para refinar el mineral no metálico tal como Argentina, que ya estaría construyendo una planta piloto para producir esto.

“Se está dejando de ganar plata. El problema de no darle valor a la exportación es que no se crea riqueza ni trabajo altamente calificado. Hacerlo activa la economía en torno a la tecnología, pero en Chile, estamos bastante detenidos en torno a eso”, lamenta.

Finalmente, el especialista insiste en que la tecnología debiera impulsarse más de lo que se hace actualmente, para evaluar la posibilidad de fabricar carrozado para vehículos eléctricos o transporte público de estas características.

“Me encantaría que Chile fuera líder en el Cono Sur, Latinoamérica o a nivel mundial en este aspecto, pero nos falta mucho todavía. Sin embargo, hay países que hoy hacen de todo y antes no hacían nada, como Corea del Sur”, concluye.

“Desde la década del 70 se ha estudiado la conexión con la isla a través de un puente”, dijo el Jefe del Departamento de Puentes de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Marcelo Márquez. La autoridad de la unidad de Gobierno responsable del proyecto se refirió a los desafíos técnicos que implica la construcción del Puente Chacao, que pretende conectar a la isla Grande de Chiloé con territorio continental, en la región de Los Lagos.

“Va a ser el puente colgante más largo en Latinoamérica y, por lo tanto, está generando un gran intercambio tecnológico, tanto con el extranjero como entre la Dirección de Vialidad y la comunidad del país”, destacó Márquez este miércoles, en el marco de la inauguración de las ‘Jornadas Chilenas de Ingeniería e Innovación en Obras Civiles’, organizadas por el Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de Santiago y empresas del rubro. La actividad también fue patrocinada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Ingenieros y el MOP.

De acuerdo al personero de Gobierno, pese a que aún no se calcula el porcentaje de avance de la obra, destaca que los accesos norte y sur se encuentran al 100%. “Se aprobó el diseño de lo que hoy se está construyendo. Ahora, sólo falta aprobar el diseño definitivo, completo, y ya entramos 100% en la obra propiamente tal, pero todo esto ha sido parte del proceso de ingeniería que ha llevado a aplazar la fecha original”, puntualiza. “Originalmente, la fecha del contrato era agosto de 2020, pero en función de todas las modificaciones que se han tramitado y se van a tramitar, la nueva fecha de término sería fines de 2022 o principios de 2023”, sostiene.

De acuerdo a la presentación, el proyecto busca reducir los tiempos de viaje de 45 minutos a solo 3, independiente de las condiciones climáticas que representan.  A juicio de Márquez este es el principal desafío técnico de la obra. Para esto último, reveló que ya se hicieron pruebas en Corea del Sur para medir la resistencia al viento. Además, señala que se encuentran efectuando pruebas de análisis sísmico, registrando lo que sucede en terreno con los movimientos telúricos, y que también buscarán sortear los problemas aparejados a la variación de la marea del Canal de Chacao.

“Originalmente, se pensaba que los cuatro tramos fueran colgantes, pero el contratista estableció que el tramo lateral sur fuera construido como un puente tradicional, dado que como estaba en seco, en la isla, se podía optimizar desde ese punto de vista”, afirma Márquez. Es decir, que tres tramos serán colgantes y el cuarto, no. 

Finalmente, el Jefe del Departamento de Puentes se refirió a uno de los aspectos más polémicos de la iniciativa: la participación de la empresa OAS, judicializada en Brasil por sus aportes irregulares a campañas políticas. “Al día de hoy, es la empresa Hyundai la que tiene el poder dentro del directorio. Todos los directivos de OAS ya salieron”, sostuvo. “Existe el compromiso de Hyundai de comprar las acciones a OAS. Se espera que esta última libere su situación judicial en Brasil para que Hyundai compre las acciones de este contratista. Por lo tanto, desde ese punto de vista, debiéramos tener un consorcio sano de ahora en más”, resaltó.

El proyecto contempla tres torres de hormigón (dos de ellas en el agua y la torre central en Roca Remolinos), 3 o 4 pistas de tráfico y una durabilidad de 100 años. “El Puente Chacao es un desafío que Chile tiene pendiente desde hace muchos años atrás. Surgió como idea la segunda o tercera década del siglo pasado, por la necesidad de conectar de manera permanente la isla con el continente. Esto permite que las personas puedan viajar, ir a los hospitales con el tiempo que se requiere para cubrir una emergencia y que estudiantes puedan ir y volver desde sus escuelas, no quedando aislados porque el barco no puede cruzar”, consideró el Coordinador General de las Jornadas Chilenas de Ingeniería e Innovación en Obras Civiles y profesor de la Universidad de Santiago, Miguel Mellado. 

Jornadas

Las ‘Jornadas…’ fueron inauguradas en el Salón de Honor del plantel estatal. Durante la instancia, la Vicerrectora de Vinculación con el Medio, Dra. Karina Arias Yurisch, destacó que el evento es uno de los 38 proyectos adjudicados con el fondo ViME. “El objetivo es generar un espacio de reflexión e intercambio de conocimientos y experiencias en materia de las innovaciones en la industria de la construcción, tanto en el sector público como privado, contribuyendo directamente al programa CORFO ‘Construye 2025’, que busca modificar la forma de construir edificaciones en Chile, generando un cambio cultural en torno al valor de la sustentabilidad considerando el impacto del ciclo de vida de los inmuebles y el bienestar de las personas”, afirmó.

Por su parte, el Director del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la casa de estudios, Dr. Christian Seal Mery, señaló que una de las metas del encuentro es aportar a la formación de profesionales atentos a los cambios tecnológicos que se están produciendo en el sector. “La finalidad es proveer los avances del rubro en materia de sello, construcción y gestión. Esto genera espacios para cada uno de los actores ya que nos presenta el estado del arte del sector, lo que nos permite modernizar y mejorar tanto nuestro conocimiento como competitividad”, sostuvo.

Durante la jornada, de dos días, también se abordó el uso de prefabricados de hormigón en estaciones del Metro y la gestión de residuos sólidos municipales. En total, siete paneles y 18 expertos del ámbito público, como el Ministerio de Desarrollo Social, y del sector privado,  como Melón S.A., Echeverría Izquierdo y BarChip Inc. Latinoamérica, entre otros.

Terminar “con el estrés y agobio que esto genera a los estudiantes”. Así argumentó el senador PPD Jaime Quintana la necesidad de discutir en la Cámara Alta el proyecto que reemplaza la escala de notas de 1,0 a 7,0 desde primero a cuarto básico, iniciativa presentada por él y otros congresistas de la DC y RN.

No obstante, el experto en evaluación educacional y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Daniel Ríos, señala que esta iniciativa podría terminar generando un cambio superficial en el sistema si no se discute el tema de fondo: los aspectos que se evalúan, independientemente de si el mecanismo de calificación es cuantitativo o cualitativo.

“Está la posibilidad de que esta propuesta sea más de tipo cosmética si no se hace la discusión de fondo, que es el sentido que tiene la evaluación en el marco de los procesos pedagógicos que se desarrollan en las escuelas”, afirma.

A juicio del Dr. Ríos, “lo que se está midiendo en los colegios son los conocimientos de memoria, mecánicos y repetitivos”, en circunstancias que “la discusión debiera estar en qué es lo que evalúa el profesor previo a las notas, cómo lo expresa en la interacción con los estudiantes, con qué recursos, y qué didácticas y metodologías utiliza”, subraya.

Para el especialista, los educadores terminan más preocupados del producto que del proceso. Además, alude a estudios que concluyen que aunque los profesores tienden a tener concepciones nuevas de evaluación, cualitativas, en la práctica “siguen siendo positivistas y vinculándose a instrumentos donde la nota es necesaria para comunicar los aprendizajes de los estudiantes”, afirma. Esto, presionados por pruebas estandarizadas, como la PSU.

El Dr. Ríos considera que cualquiera sea el mecanismo de evaluación que se resuelva, este debiera considerar que el estudiante tenga mayor participación, para hacer de este proceso algo más descentralizado y democratizador, intensificando la autoevaluación, coevaluación y la evaluación de pares.

Finalmente, estima que el plazo de cuatro años que considera el proyecto para que los colegios eliminen las notas es escaso para discutir todo lo relativo a esto. “Se requiere hacer una discusión donde los profesores y las comunidades escolares algo tienen que decir respecto a las ventajas y desventajas de las evaluaciones tanto cuantitativas como cualitativas”, concluye.

Un 13% ha disminuido la cobertura de nieve en la cordillera central de Chile desde 2000 a 2016, según un estudio internacional publicado recientemente por la revista Remote Sensing of Environment, que hizo un seguimiento tanto satelital como en terreno de las precipitaciones nivales en la zona.

Para el experto en cambio climático y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Raúl Cordero, esto significa que la zona central contará, a futuro, con menos agua potable y también para riego en el plano agrícola. Según el Dr. Cordero, esto se explica porque el agua que consume la población de este sector del país depende en buena medida de la acumulación de nieve.

“La zona central, que vive bajo estrés hídrico, porque consume el 80% de los recursos disponibles en el año, aumentará su vulnerabilidad y la escasez futura de recursos hídricos, si se confirma la tendencia a la baja que señala el estudio. Por lo tanto, pasaría a ser una zona de escasez”, sostiene.

A juicio del investigador antártico, es muy difícil que esta situación pueda revertirse, debido a que las causas del fenómeno están relacionadas con el calentamiento global, que se traduce en un aumento de temperatura y la disminución de precipitaciones.

“Se van a necesitar recursos hídricos diferentes. Ya no podremos confiar en que el derretimiento de la nieve produzca los recursos que se necesitan. Tendremos que buscar otros, aumentando la cantidad de embalses que permitan acumular agua líquida”, considera. “Cuando desaparece la nieve, porque la temperatura es más alta por efecto del calentamiento global, no se acumula: se derrite, y esa agua se perdería a menos que hayan embalses”, explica.

Para el académico del Departamento de Física, también podría ser necesario desalinizar el agua de mar para ponerla a disposición del consumo humano. Sin embargo, anticipa que todas estas medidas están lejos de ser económicas y que el efecto inmediato será un encarecimiento de la vida en la zona central. 

Finalmente, proyecta que las precipitaciones de mediados de siglo disminuyan entre un 15% y un 20% en la zona central. “Por lo tanto, los embalses debieran aumentar en una proporción similar a la disminución de las precipitaciones, a lo que hay que sumarle el porcentaje para compensar el aumento en la población en la zona central”, concluye.

Los choques provocados por consumo de alcohol están lejos de disminuir. Según un estudio de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset), si en 2016 se registraron 6.787 accidentes por esta causa, en 2017 fueron 6.981. El contraste es mayor si se compara con datos de hace una década: en 2008, se registraban 4.205 siniestros ligados a este factor.

Para el experto en transportes y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, esta cifra revela la necesidad de que el Gobierno oriente sus campañas en adolescentes y jóvenes, para que el impacto se refleje en el mediano y largo plazo.

“Las campañas debieran estar orientadas hacia los alumnos de los colegios, ya que los principales accidentes se dan los viernes y sábados, a comienzos de la noche, y entre las tres y cinco de la mañana. Por lo tanto, es muy probable que un porcentaje importante de estos automovilistas sea gente joven”, sostiene. “El consumo de alcohol suele ser muy alto en este grupo etario”, insiste.

De acuerdo al informe, los choques por ingesta de alcohol ocurrieron con mayor frecuencia entre las 21.00 y las 23.59 horas, y entre las 3.00 y las 5.59 h. Si bien en los días de semana hubo más siniestros, la mayor cantidad de fallecidos se produjo los sábados y domingos.

Por otra parte, el académico del Departamento de Ingeniería Industrial del plantel estatal señala que además de la Ley Emilia o de Tolerancia Cero, debiesen existir herramientas de control más innovadoras, para disminuir la cifra en el corto plazo.

“El control debiera focalizarse especialmente en aquellos que tienen entre 18 y 25 años, mediante checkpoints o puntos de sobriedad. En Estados Unidos, también están las claves de ignición, que detectan a quienes ya han tenido problemas de alcohol, obligándoles a portar un aparato que obliga a quien conduce a evaluarse cada vez que se sube al vehículo: si presenta un cierto nivel de alcohol no permisible en la sangre, el vehículo no parte”, afirma.

Finalmente, considera que se debiera considerar el historial del conductor al momento de proporcionarle la licencia. “Si tiene infracciones o ha infringido la ley por consumir alcohol, debiesen acotarse los tiempos de permiso de circulación de la licencia”, considera. “Hay que hacer un seguimiento de aquellas personas que ya han infringido la ley, para un mayor control”, concluye.

Preemergencia ambiental decretó para este lunes la Intendencia Metropolitana, aduciendo malas condiciones de ventilación en la región.

Sin embargo, para el experto en modelo de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental, y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Patricio Pérez, la autoridad no decretó esta medida de manera oportuna.

“El lunes se decretó, pero la calidad del aire ya estaba mejorando. La medida fue tardía”, sostiene. A su juicio, los niveles de preemergencia se produjeron este fin de semana, lo que el Gobierno no constató.

“A partir de la madrugada del sábado, se constató un nivel de preemergencia en la estación de Cerro Navia, lo que no estaba contemplado”, sostiene. El académico del Departamento de Física señala que, de viernes a sábado, el modelo de la autoridad solo había pronosticado una situación regular en la calidad del aire del Gran Santiago.

“Esta condición de preemergencia acompañada de condiciones de alerta en varias otras estaciones se prolongó hasta la madrugada del domingo. Por lo tanto, se cuentan como dos nuevas preemergencias”, explica. Según sus estimaciones, los niveles estuvieron entre 110 y 120 microgramos por metro cúbico durante 24 horas.

El doctor en física lamenta que la autoridad no haya dado explicación por esta situación, tomando en cuenta que la omisión de este hecho significó que no se tomaran medidas para frenar esta situación.

“Se debieran haber paralizado algunas actividades industriales y haber prohibido el uso de leña para calefacción en toda la Región Metropolitana, lo cual no se produjo”, critica. “Hoy, hubiese sido conveniente una explicación, porque se falló con una diferencia de dos niveles”, enfatiza.

Finalmente, recuerda que el año pasado solo se produjeron 2 preemergencias y este año ya hay siete constatadas. “Dadas las bajas temperaturas, se ha usado probablemente bastante calefacción por leña, pero como no se decretó ni siquiera alerta este fin de semana, no estaba prohibida en los sectores rurales de la Región Metropolitana. Probablemente, la contaminación de estas zonas afectó a Santiago”, concluye.

“El monto que piden es técnicamente imposible”. Así se refirió el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, al incremento del salario mínimo planteado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de $422 mil pesos.

Sin embargo, el economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Gonzalo Martner, considera que la razón que motiva al Gobierno a descartar esta cifra “se debe a una orientación pro empresarial de corto plazo”, afirma.

“Hay una serie de países que tienen un PIB semejante al nuestro, pero que tienen salarios mínimos mucho más altos que el de nosotros. Por lo tanto, el argumento de la inviabilidad técnica en realidad es de la esfera propiamente política”, asegura.

Además, el especialista en economía de las políticas públicas de la Facultad de Administración y Economía (FAE) del plantel estatal hace hincapié en que el salario mínimo sólo afecta al 10% de la fuerza laboral y, por lo tanto, los efectos serían marginales en el mercado laboral.

“Incrementar el salario mínimo genera beneficios, porque fideliza a los trabajadores, crea mejores vínculos laborales y hace que dediquen mayores esfuerzos en aumentar su propia formación, lo que en el largo plazo produce efectos positivos para la economía”, enfatiza.

Finalmente, compara la situación con la negociación llevada adelante por el ex ministro Eduardo Aninat durante la administración del ex Mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle. “En ese entonces, él negoció con la CUT un reajuste trianual que fue muy criticado por los economistas ortodoxos, pero esto no provocó ningún efecto negativo en el empleo ni en la economía”, concluye. 

A un mes de que termine el periodo de Gestión de Episodios Críticos (31 de agosto), estos han aumentado un 26% en comparación al año pasado en la Región Metropolitana. En 2017, las premergencias fueron 2 y las alertas, 25. En 2018, fueron 5 y 29, respectivamente.

Para el experto en modelo de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental, y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Patricio Pérez, el Gobierno ha tenido responsabilidad en el aumento de los episodios críticos.

“Se esperaba una mejoría en las condiciones de calidad del aire este año, dado que entró en vigencia este año el plan de descontaminación de material particulado fino (MP 2,5)”, afirma. Sin embargo, considera que “restringir el uso de la leña no ha sido lo eficiente que uno hubiese esperado. Falta mayor fiscalización y sensibilización de la población para evitar este tipo de calefacción”.

El especialista considera que acotar a solo un dígito la restricción vehicular permanente para vehículos con convertidor catalítico, además de restringir la medida solo al anillo de Américo Vespucio, también podría haber afectado este índice.

Sin embargo, es concluyente al considerar que el número de preemergencias es un claro indicio de que la autoridad medioambiental ha incidido en este aumento de episodios críticos. “Las preemergencias pasaron de 2 a 5, lo que implica un aumento de un 120%. Eso no se puede atribuir tan directamente a los días de mala ventilación. Por lo tanto, el factor meteorológico no es el único que provocaría este aumento”, subraya.

Con todo, considera que una de las razones más importantes que provocaron el aumento son las condiciones meteorológicas que han afectado este año a la capital, caracterizadas por la escasez  de lluvias. “En 2017, hubo 18 situaciones de condiciones malas o críticas de ventilación. Este año, llevamos 25, lo que significa un aumento de 39% en cuanto a días con mala ventilación”, concluye.