Una nueva reunión del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) se realizará este jueves 24 de septiembre, donde se estima que uno de los principales puntos de análisis sea el Presupuesto 2027 para educación superior. Esto tras las declaraciones de la Ministra de Educación, María Paz Arzola, quien aseguró que el foco de su cartera será la educación parvularia y los primeros años de enseñanza básica.
Estas declaraciones vienen a reforzar lo que la secretaria de Estado ya había mencionado en su primera visita al Cruch en marzo, cuando fue enfática al señalar que asumía su gestión con una compleja realidad económica, condicionada por saldos negativos que hacían indispensable reorganizar los fondos disponibles. En la ocasión, advirtió también que la educación superior no figuraría entre los focos presupuestarios principales.
“En ese escenario, sí existe una legítima y justificada preocupación”, señaló el rector Pedro Palominos al diario La Tercera, explicando que se entiende que Chile enfrenta un contexto fiscal exigente y que los recursos públicos deben administrarse con responsabilidad.
No obstante, explicó que responsabilidad fiscal “también significa distinguir entre un gasto prescindible y una inversión estratégica”, por lo que la discusión no es solo “sobre recursos, sino también sobre qué capacidades queremos proteger y proyectar como país”.
El rector Palominos destacó que un escenario presupuestario restrictivo puede afectar la continuidad de proyectos de investigación, la renovación de infraestructura y equipamiento, la formación y retención de talento, la innovación y transferencia tecnológica, así como los mecanismos de apoyo a estudiantes.
“Cuando se pierde un laboratorio, se dispersa un equipo de investigación o un investigador altamente especializado abandona el sistema, esa capacidad no se recupera simplemente aumentando una partida presupuestaria al año siguiente. (...) La pregunta no es solamente cuánto cuesta financiar adecuadamente a las universidades, la ciencia y la investigación. También debemos preguntarnos cuánto le costaría a Chile debilitarlas”, planteó al periódico nacional.