Buenas noticias hemos conocido respecto a la evolución de la pandemia del Coronavirus. De acuerdo al Ministerio de Salud, la positividad se ha mantenido por debajo del 2% y los capitalinos han comenzado a recuperar, en los últimos días, los espacios públicos, luego de que la autoridad decretara la Fase 3 del Plan Paso a Paso para toda la Región Metropolitana. Lo anterior parece confirmar una tendencia positiva en materia sanitaria.

 

Sin embargo, independiente de las buenas noticias en lo inmediato, la pandemia del COVID-19 parece haber dejado problemas económicos y sociales que no será fácil resolver en el corto plazo. De acuerdo a la más reciente Encuesta de Caracterización Económica Nacional (CASEN), conocida a principios de este mes, la clase media dejó de crecer por primera vez en décadas, pasando de ser el 65,4% de la población en 2017 al 62% en 2020. Se corta, así, una racha en la que se evidenciaban permanentes aumentos en este grupo.

 

A principios del mes pasado, la misma medición mostraba otra preocupante situación. Según el Ministerio de Desarrollo Social, la CASEN reveló un aumento de 2,2% de la pobreza por ingreso en comparación a 2017, lo que equivale a más de dos millones de personas, y un retroceso a los niveles en que nos encontrábamos entre 2015 y 2017. La pobreza extrema, en tanto, también aumentó, pasando de un 2,3 a un 4,3 por ciento. 

 

Para el Gobierno, estas cifras demuestran que las políticas públicas deben centrarse en la recuperación económica y el fortalecimiento del empleo. No obstante, los impactos de la pandemia deben llevar a la autoridad a analizar, también, ayudas concretas y permanentes para las familias de menores recursos de nuestro país, así como a aquellas que han visto mermados de manera significativa sus ingresos producto de la situación sanitaria.

 

Una política pública exitosa para auxiliar a los grupos más vulnerables ha sido la gratuidad en la Educación Superior, la que ha facilitado el financiamiento y la inclusión en la educación terciaria de un número importante de estudiantes que pertenecen al 60% de la población con menores ingresos. 

 

Como universidad pública al servicio del país, estamos convencidos que la educación es un factor clave para la movilidad social y el desarrollo de Chile. Es por ello que la educación pública, gratuita y de calidad debe ser abordada como una de las materias claves y urgentes, para cumplir los desafíos del siglo XXI; considerando el contexto de elecciones presidenciales de noviembre de este año, y las consiguientes definiciones sobre los ejes del Gobierno -que comenzará a ejercer sus funciones en marzo de 2022-; así como su reconocimiento en el actual proceso constituyente que elaborará una nueva Carta Magna. 

 

Nuestro propósito misional como universidad estatal, es seguir siendo un pilar fundamental para igualar las oportunidades y para contribuir a la formación de profesionales integrales mediante la docencia, investigación y vinculación con el medio. Es por ello que, en el actual escenario, se hace necesario reorientar y ampliar la mirada sobre el modelo educativo, valorando la importancia del trabajo de calidad de las universidades públicas y su impacto en el desarrollo de los territorios a nivel nacional.   

 

Un país que avanza en la reducción de las brechas de desigualdad es un país que comprende que una Educación Superior pública puede realizar trascendentales aportes a la sociedad en diversos ámbitos, y así, contribuir con pertinencia a la construcción de un Chile más próspero, más equitativo y más justo para todas y todos. Por ello, la educación debe estar al centro del debate.