El pasado viernes se realizó el webinar “La gestión del suelo urbano en Chile: modelo de mercado o modelo integrado público-privado”. En esta ocasión el conversatorio fue organizado por la Escuela de Arquitectura y tuvo como moderador a Diego Moya Ortiz, profesor adjunto en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile.

La actividad contó con la participación de Paulina Saball Astaburuaga, ex ministra de Vivienda y Urbanismo (2014-2018), quien junto a Rodrigo Vidal Rojas, Rodrigo Martin Quijada y Rodolfo Jiménez Cavieres, docentes e investigadores de la unidad académica, reflexionaron sobre la gestión del suelo urbano en Chile, profundizando en los modelos de mercado e integrado público-privado y cómo estas temáticas deberían ser abordadas en la futura Constitución Política de Chile.

Para ello, los académicos de nuestra Casa de Estudios propusieron que en la redacción de la nueva Carta Magna se establezca el principio de dignidad del hábitat.

Para explicar a qué se refiere y cuál es el objetivo de la propuesta, el profesor Jiménez expuso el marco contextual en donde se basa ésta. En su exposición señaló que los problemas relacionados a la vivienda en Chile son graves y aquejas a un 10% de los habitantes del país, que se suma al aumento de familias sin casa. “Se habla de unos 802 campamentos a lo largo de Chile, existen unos 47 mil hogares en zonas de riesgo, de a acuerdo a la organización Techo son más de 500 mil las familias que han sido acogidas o están albergadas en otros hogares y que enfrentan complejas situaciones de habitabilidad”.

Para el magíster en Educación desde 1979 hasta ahora, mayoritariamente el problema del suelo ha sido resuelto como un tema de mercado. Esa situación ha provocado que la ciudad crezca tendiendo a las familias más pobres hacia las periferias sin equipamiento, servicios y accesos a bienes públicos, los cuales deberían constituir un derecho ciudadano. De esta manera, las lógicas de expansión “son irracionales e insostenibles cada vez que la ciudad se expande”, señaló. 

Es por esto que en “la propuesta que imaginamos son las comunidades y los barrios junto con el Estado, los que deberían intervenir en áreas importantes a ser regeneradas a través de planes maestros (…) Los cambios que debería tener la nueva constitución debieran terminar con la supremacía del sector privado en la toma de decisiones, en cómo se desarrolla la ciudad y no pensamos en que se elimina el sector privado como actor. Por eso hablamos de esta relación, pero el protagonismo principal lo debe tener el Estado y la sociedad civil”, dijo Jiménez.

Por su parte, el académico Rodrigo Vidal Rojas explicó que en la propuesta de la Escuela de Arquitectura Usach, se entiende que habitar con dignidad es “un conjunto de condiciones apropiadas para la vida. En ese sentido nuestro hábitat incluye el conjunto de lugares mayores donde se encuentra nuestra vivienda, nuestro trabajo o lugar de estudio y los modos en que nos apropiamos de dichos lugares (…) incluye la diversidad de todas las formas de habitar y crear lugares de calidad para impactar positivamente sobre el bienestar, la satisfacción y la felicidad de las personas”.

Garantizar este principio, agregó Vidal, es “terminar con la heterogeneidad de la calidad urbana de los distintos lugares, asegurando niveles homogéneos, pero no uniformes (entendiendo sus particularidades), de calidad de vida para todas las personas y esto en Chile no es un problema de recursos, porque los recursos en nuestro país existen”.

Para concluir, destacó que al incluir el habitar digno en la nueva normativa, se podrán crear leyes, ordenanzas y reglamentos que “materialicen a mediano y largo plazo dicho principio, regulando el mejoramiento integral de nuestras ciudades, barrios, calles y lugares de residencia, trabajo, estudio y recreación, en sus aspectos globales y específicos”.

Instrumentos de gestión para un habitar digno

Durante la jornada se dio cuenta de los problemas que existen en nuestro territorio respecto al acceso a la vivienda. En esa dirección la exposición del académico del Plantel, Rodrigo Martin, estuvo enfocada mecanismos concretos aconsiderar para enfrentar este problema.

La primera herramienta es el Ajuste de tierras, que se refiere a “establecer un mecanismo de negociación en donde los privados puedan poner a disposición de una gestión estatal el territorio. Cediendo, en cierta medida, su límite predial, estableciendo un valor a ese predio. Luego, cuando se reestructura puede aparecer un nuevo espacio público, nuevas intervenciones, se les devuelve a los propietarios ese valor”, explicó.

Esto significa, continúo Martin, con “una institucionalidad clara, porque se tiene que establecer un mecanismo de negociación con propietarios individuales que ceden su terreno, su propiedad, la valorizan y finalmente luego de la gestión, recuperan esa propiedad en términos de valor. Eso requiere confianza en el Estado (…) igualmente éstedebe presentar un proyecto que sea atractivo, que se entienda y que permita a las/os propietarias/os de ese sector entender que ese también es un beneficio para ellas/os”, detalló.

El otro punto clave en esta discusión es la captura de plusvalía. En esa dirección el docente aseguró que existe la discusión sobre esta temática en el país, pero que no existen mecanismosefectivos que se encarguen de esta problemática. “Se ha dicho que el impuesto territorial y las retasaciones van a permitir esto, pero existen condiciones para que existan súper propietarios en este país y tasaciones que toman mucho tiempo. Finalmente son resquicios para no cumplir estos mecanismos de cobro, que terminan evitando cualquier pago extra de plusvalías que se hayan generado. Existen múltiples mecanismos en el mundo y muy diversos, pero en Chile estamos muy atrasados en este tema”, puntualizó.

Para concluir su exposición, señaló que “estamos dejando al mercado funcionar libremente y eso tiene consecuencias graves en términos de valor de suelo y de la vivienda. Ambos se están transformado en un producto financiero y eso va absolutamente en contra de lo que estamos planteando; tenemos que recuperar el valor de suelo como un bien común, para eso hay que crear herramientas que permitan que estas se desarrollen”.            

Dimensiones fundamentales

La última exposición de la jornada estuvo a cargo de Paulina Saball Astaburuaga, ex ministra de Vivienda y Urbanismo (2014-2018), quien felicitó a la Universidad de Santiago de Chile por la iniciativa de diálogo, ya que permite “replantearnos nuestro marco institucional, que en este caso es el volcar el conocimiento acumulado en la academia y poner al servicio la calidad de sus profesionales. Creo que es un bien muy importante que la Usach ha sabido desarrollar”, destacó.

Sobre el uso del suelo en nuestro país, la ex ministra manifestó que los cambios en materia deben estar basados en cuatro dimensiones. “Regular o planificar, gestionar, descentralizar y diversificar me parece que ponen fin a un modelo que lleva más de 40 años de implementando en Chile y que tiene que ver con el modelo de Estado subsidiario, con programas de vivienda extremadamente focalizados, con un suelo liberalizado y que han ido siendo factores incidentes de una manera significativa en la segregación urbana”, puntualizó.

Finalmente, sostuvo que la nueva Carta Magna no solo debe garantizar el derecho a la vivienda como un bien que pertenece a una familia en particular. En esa dirección el plantear “el habitar en dignidad amplía el concepto y nos obliga necesariamente a tener una política más basta donde lo fundamental, significativo y relevante es asumir, en primer lugar, el valor social que tiene la ciudad, el suelo, el valor ambiental y de sustentabilidad”, concluyó.