Emanaciones por gas dejaron alrededor de 300 personas intoxicadas en Quintero, en la región de Valparaíso. Los episodios, ocurridos la semana pasada, obligaron a las autoridades a decretar alerta amarilla. El Gobierno culpó a Enap por la emergencia química, en una zona donde también se encuentran firmas como Oxiquim, Codelco, GNL Quintero, AES Gener y Gasmar.

Independiente de quién sea el responsable del hecho, el doctor en ingeniería medioambiental y académico del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago, Dr. Luis Díaz Robles, sostiene que el hecho deja al descubierto la falta de un plan de descontaminación en la zona (recién ayer se anunció la implementación de uno) y la ausencia de una normativa que permita monitorear y fiscalizar contaminantes que son normales en un sector tan industrializado como este, como isobutano, nitrobenceno y metilcloroformo.

“Tiene que haber mayor control de las emisiones y mayor fiscalización de parte del Estado, pero para eso, tiene que legislarse respecto de esas sustancias porque, actualmente, no tenemos normativa secundaria de calidad del aire ni de emisiones”, afirma. “Las estaciones de monitoreo no miden esas sustancias, porque no están legisladas, solo material particulado, dióxido de azufre, monóxido de carbono e hidrocarburos totales. Ni siquiera los específicos. Mientras no haya legislación, no habrá obligación de monitorear esto por parte del Estado ni de las empresas”, critica.

Por otra parte, el ingeniero civil químico, experto en gestión de la calidad del aire y control de la contaminación atmosférica, considera que culpar a Enap es “apresurado”, ya que el monitoreo de contaminantes que no se miden normalmente debiera ser más extendido en el tiempo, a fin de tener resultados concluyentes.

“Lo ideal es que haya una red permanente de monitoreo en un sector industrial tan complejo como el que hay y que es estratégico”, sostiene. “Nadie quiere que haya una Freirina 2, donde debido a un mal manejo ambiental se le tuvo que colocar candado a la empresa Agrosuper, lo que generó un impacto social al disminuir las posibilidades de conseguir empleo”, advierte.

Responsabilidad compartida

Comparte la opinión del Dr. Díaz el experto en modelos de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental, Dr. Patricio Pérez. El académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago insiste en que los contaminantes que miden estaciones de monitoreo en la zona -como Quintero, Puchuncaví, Las Ventanas, La Greda y Los Maitenes- no son los que se precisa fiscalizar cuando ocurren emergencias como la de la semana pasada.

A su juicio, fue ese factor el que provocó que dicha red no arrojara superaciones de la norma en esos días. “Acá hay una responsabilidad compartida entre el Estado y las industrias. El Estado tendría que tener estaciones que midan una variedad más grande de contaminantes y la industria, si bien no tiene la exigencia de controlar ciertos contaminantes, por responsabilidad propia debería tomar medidas cuando detectan que hay emisiones de gases que no están normados, pero que afectan la salud de las personas”, enfatiza.

El doctor en física señala que al no medir regularmente concentraciones que podrían haber causado eta emergencia, autoridades debieron asistir al lugar con estaciones de monitoreo portátiles que tienen una gama más amplia de contaminantes. Sin embargo, una de las falencias de realizar esto es que cuando se llega al lugar con dichas estaciones, el episodio crítico ya ocurrió, lo que impide tener mayores certezas respecto a si lo que se monitorea es o no relevante.

“No es tan extraño este tipo de contaminantes en la zona y es algo que se pudo haber previsto controlando una colección más grande de gases que se monitorean regularmente”, afirma. “Las estaciones de monitoreo portátil son lo mejor que se puede disponer en este caso, pero no tienen la precisión de una estación fija que ha sido calibrada y donde se han hecho test de calidad. Claramente, hay una mayor imprecisión en estas estaciones portátiles. Lo ideal es tener una red que mida de manera permanente estos contaminantes”, concluye.

Un 13% ha disminuido la cobertura de nieve en la cordillera central de Chile desde 2000 a 2016, según un estudio internacional publicado recientemente por la revista Remote Sensing of Environment, que hizo un seguimiento tanto satelital como en terreno de las precipitaciones nivales en la zona.

Para el experto en cambio climático y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Raúl Cordero, esto significa que la zona central contará, a futuro, con menos agua potable y también para riego en el plano agrícola. Según el Dr. Cordero, esto se explica porque el agua que consume la población de este sector del país depende en buena medida de la acumulación de nieve.

“La zona central, que vive bajo estrés hídrico, porque consume el 80% de los recursos disponibles en el año, aumentará su vulnerabilidad y la escasez futura de recursos hídricos, si se confirma la tendencia a la baja que señala el estudio. Por lo tanto, pasaría a ser una zona de escasez”, sostiene.

A juicio del investigador antártico, es muy difícil que esta situación pueda revertirse, debido a que las causas del fenómeno están relacionadas con el calentamiento global, que se traduce en un aumento de temperatura y la disminución de precipitaciones.

“Se van a necesitar recursos hídricos diferentes. Ya no podremos confiar en que el derretimiento de la nieve produzca los recursos que se necesitan. Tendremos que buscar otros, aumentando la cantidad de embalses que permitan acumular agua líquida”, considera. “Cuando desaparece la nieve, porque la temperatura es más alta por efecto del calentamiento global, no se acumula: se derrite, y esa agua se perdería a menos que hayan embalses”, explica.

Para el académico del Departamento de Física, también podría ser necesario desalinizar el agua de mar para ponerla a disposición del consumo humano. Sin embargo, anticipa que todas estas medidas están lejos de ser económicas y que el efecto inmediato será un encarecimiento de la vida en la zona central. 

Finalmente, proyecta que las precipitaciones de mediados de siglo disminuyan entre un 15% y un 20% en la zona central. “Por lo tanto, los embalses debieran aumentar en una proporción similar a la disminución de las precipitaciones, a lo que hay que sumarle el porcentaje para compensar el aumento en la población en la zona central”, concluye.

A un mes de que termine el periodo de Gestión de Episodios Críticos (31 de agosto), estos han aumentado un 26% en comparación al año pasado en la Región Metropolitana. En 2017, las premergencias fueron 2 y las alertas, 25. En 2018, fueron 5 y 29, respectivamente.

Para el experto en modelo de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental, y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Patricio Pérez, el Gobierno ha tenido responsabilidad en el aumento de los episodios críticos.

“Se esperaba una mejoría en las condiciones de calidad del aire este año, dado que entró en vigencia este año el plan de descontaminación de material particulado fino (MP 2,5)”, afirma. Sin embargo, considera que “restringir el uso de la leña no ha sido lo eficiente que uno hubiese esperado. Falta mayor fiscalización y sensibilización de la población para evitar este tipo de calefacción”.

El especialista considera que acotar a solo un dígito la restricción vehicular permanente para vehículos con convertidor catalítico, además de restringir la medida solo al anillo de Américo Vespucio, también podría haber afectado este índice.

Sin embargo, es concluyente al considerar que el número de preemergencias es un claro indicio de que la autoridad medioambiental ha incidido en este aumento de episodios críticos. “Las preemergencias pasaron de 2 a 5, lo que implica un aumento de un 120%. Eso no se puede atribuir tan directamente a los días de mala ventilación. Por lo tanto, el factor meteorológico no es el único que provocaría este aumento”, subraya.

Con todo, considera que una de las razones más importantes que provocaron el aumento son las condiciones meteorológicas que han afectado este año a la capital, caracterizadas por la escasez  de lluvias. “En 2017, hubo 18 situaciones de condiciones malas o críticas de ventilación. Este año, llevamos 25, lo que significa un aumento de 39% en cuanto a días con mala ventilación”, concluye.

La Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) envió un “téngase presente” al Tribunal Constitucional (TC), donde entregan observaciones a la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas, la cual ya fue aprobada por el Congreso y entrará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial. Dichas consideraciones advierten que se está impidiendo “el derecho a desarrollar una actividad económica lícita” y señalan que el proyecto habría sido despachado por “razones de impopularidad ante la opinión pública” o “un puro capricho del legislador”.

Sin embargo, para el abogado especialista en derecho público y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Francisco Zambrano, la iniciativa despachada en el parlamento busca proteger derechos amparados por la Constitución. “Queda claro que el intento sólo está destinado a que el TC cautele un nicho de mercado que existe en la medida que la ley lo tolera y, es claro, que el legislador ha optado por no permitirlo, protegiendo otros bienes jurídicos relevantes constitucionalmente, como la vida, el medio ambiente y la salud”, sostiene.

Zambrano, de la Facultad de Derecho del plantel estatal, explica que el ordenamiento jurídico ha ido tolerando progresivamente que el legislador o la Administración del Estado limiten determinadas actividades económicas a fin de cautelar otros bienes. Por eso, hace hincapié en que lo relevante a la hora de revisar un proyecto de ley, despachado por ambas cámaras, es determinar que la motivación de la normativa sea, efectivamente, proteger un bien jurídico.

“Así, por ejemplo, se ha autorizado la limitación de la comercialización de las armas, de la leña o de determinados vehículos por su seguridad o la contaminación ambiental. Incluso, el Estado ha cerrado industrias por causa ambiental. Y eso no es inconstitucional”, advierte. “Lo cierto es que el proyecto de ley no afecta a la industria del plástico sino sólo a uno de los productos: las bolsas entregadas en establecimientos comerciales. También, es cierto que no es una prohibición de producir o comercializar, sino de entregar en establecimientos de comercio, pero ello no significa que no puedan producir para exportar o reconvertir su producción para comercializarla como un producto distinto, como bolsas reutilizables u otros artefactos plásticos”, puntualiza.

Finalmente, considera que el argumento de que la huella de carbono de una bolsa plástica puede ser menor, incluso, que la del algodón o del papel es efectiva solo en el primer ciclo de uso, dado que son reutilizadas varias veces, lo que hace que su huella sea proporcionalmente más baja. Esto, sin considerar el factor de reutilización de la producción sostenible, también referida por la ONU como objetivo de desarrollo. 

“No cabe duda que la limitación propuesta viene motivada por la protección del medio ambiente y, más específicamente, del ambiente marítimo, fluvial, lacustre o de los paisajes protegidos. La Constitución autoriza la restricción de derechos por causa ambiental y aunque la Asociación cite reiteradamente una sentencia del TC que prohibió la restricción vehicular o el cierre de industrias por causa ambiental, ello sólo revela la vereda desde la cual argumentan. Bien saben que la sentencia rol 325 venció o superó el precedente de la 185 y se estimó que declarar inconstitucional una restricción de derechos por causa ambiental, aun por razones formales, es aún más constitucional, porque esas restricciones protegen la vida, la salud y el medio ambiente, cuestiones que son tan fundamentales como la libertad económica o el derecho de propiedad”, concluye.

Chile cayó tres puestos en la última edición del Índice Atractivo País para Energías Renovables realizado por EY. El país quedó fuera del top ten mundial y quedó en el lugar 11°, lejos del cuarto puesto alcanzado en 2016.

Para el Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Dr. Humberto Verdejo, esto se debe a la incertidumbre que generan los proyectos de estas características en el país.

“Los precios de las licitaciones son muy bajos y existe un poco de recelo respecto a que los proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) no se ejecuten en el plazo que en que tengan que ser construidos”, afirma.

De acuerdo al ingeniero civil en electricidad, dicho recelo se debe a que las iniciativas de ERNC se proyectan a largo plazo, lo que deja espacio a que las condiciones cambien desde el momento en que una empresa se adjudicó la licitación.

Por eso, debido al bajo precio con que los oferentes se adjudican el concurso, existe la posibilidad de que estos proyectos queden sin financiamiento a medio camino, explica. En ese sentido, enfatiza que es necesario introducir tecnologías que permitan eliminar la incertidumbre que producen las ERNC.

“Las tecnologías que se necesitan son de almacenamiento de la energía. Como país, estamos en un estado muy incipiente en ese sentido, porque los costos del almacenamiento son muy altos y no rentables para el sector privado, cuando los plazos de retorno son muy a largo plazo”, señala.

Finalmente, asegura que la descarbonización de la matriz energética no es realizable en el corto plazo, porque el sistema no está preparado para ello. Sin embargo, estima que si además de los sistemas de almacenamiento se introducen más interconexiones con países vecinos, la incertidumbre irá disminuyendo progresivamente.

“Es importante que el país recupere su atractivo en ERNC porque  Chile es como el Arabia Saudita de la energía solar. No hay otra región en el mundo que tenga tanta radiación solar como tenemos nosotros. Tenemos mucho potencial en energías renovables, pero para potenciarlas hay que  acompañar el proceso con una adecuada planificación”, concluye.

El Plan de Descontaminación Atmosférica de Santiago no contempla recursos para fiscalizar las medidas que propone. Esa fue la situación que transparentó ayer la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar.

Sin embargo, para el experto en contaminación ambiental y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Ernesto Gramsch, el problema real no es la fiscalización.

“La cantidad de estufas a leña y otros sistemas contaminantes es de cien mil, de acuerdo al inventario de emisiones”, afirma. “Fiscalizar cien mil fuentes pequeñas es casi imposible, independiente del dinero que se disponga”, asegura.

A juicio del especialista, la Intendencia Metropolitana y las municipalidades deben colaborar para enfrentar los episodios críticos de manera particular, identificando a los grupos que más emiten los contaminantes y reunirse con ellos para plantearles soluciones específicas.

“Uno puede hacer un estudio de emisiones en la noche en el sector poniente de Santiago y va a identificar los lugares donde la contaminación es más alta”, señala. “Por ejemplo, si son indigentes los que están quemando leña, la idea es reubicarlos a algún lugar donde tengan calefacción de otro tipo. Las soluciones son muy distintas dependiendo de las circunstancias”, sostiene.

Para el experto, uno de los principales problemas del plan de descontaminación es que no aborda la particularidad de los episodios críticos, que están gatillados por “aspectos específicos, no la ciudad completa”. Según el Dr. Gramsch, esta política está enfocada en plantear soluciones para el problema general de emisiones contaminantes de toda la ciudad.

“El plan está incompleto: aborda bien la solución general, que es disminuir las fuentes móviles, las estufas a leña y bajar las emisiones de las industrias, pero le falta la parte que gatilla los episodios, que son emisiones puntuales que ocurren en la noche en sectores específicos de la ciudad”, sintetiza.

En Chile la historia de la minería es extensa de norte a sur. Por nombrar algunos ejemplos del pasado, es posible encontrar las salitreras en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, Sewell en la región de O'Higgins, la minería del carbón en Lota y la explotación de cobre y plata en San José de Maipo, siendo esta última una de las menos conocidas y difundidas.

De alguna manera, estas actividades han proporcionado la base económica para el desarrollo del país, en distintas medidas y en contextos históricos particulares. Además, estos centros mineros tienen en común otros aspectos: en primer lugar, para realizar la minería en lugares “remotos”, fue necesario instaurar campamentos mineros, que se convirtieron en verdaderas ciudades o enclaves.

Por otro lado, y asociado a lo anterior, producto de la actividad minera prolongada, y la vida de enclave, quedan huellas tangibles e intangibles en la población, que dan cuenta de su historia y cultura, y estas huellas son parte de la identidad local que no se deben desconocer.

En ese contexto, la egresada de nuestra Universidad, Tania Bunster Saldaña y el académico del Departamento de Ingeniería en Minas, Dr. Alejandro Sánchez Valenzuela, desarrollan una propuesta metodológica para cuantificar el patrimonio minero en el Cajón del Maipo con el objetivo de reutilizar la infraestructura abandonada tras la explotación del recurso en aquella zona.

La idea, además, es lograr el reconocimiento y valorización del patrimonio minero en este sector de la Región Metropolitana. Para ello, el proyecto busca reutilizar los espacios para generar polos de desarrollo turístico, todo en el marco de una minería sostenible en pro de las comunidades.

El equipo trabaja en conjunto con la Asociación de Pequeños Mineros de San José de Maipo y vecinos de El Volcán, y hasta ahora el proyecto ha contabilizado 30 minas abandonadas en la zona.

"La idea es muy innovadora, ya que en nuestro país no se ha realizado antes la aplicación de una metodología para cuantificar el patrimonio minero. Y como territorio minero, es importante que avancemos hacia la reutilización de esos espacios post minería tal como se hace en otros lugares del mundo. Hasta ahora contabilizamos 30 minas abandonadas", puntualiza la egresada de la Carrera de Ingeniería Civil en Minas, Tania Bunster Saldaña.

Geoparques

El trabajo de ambos investigadores se inserta en el proyecto Geoparque del Cajón del Maipo, es decir, áreas geográficas únicas y unificadas, en las que se gestionan sitios y paisajes de importancia geológica nacional con un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible.

“La idea nace del profesor Sánchez, me lo propuso, ya que él conocía el proyecto Geoparque y así buscamos reconocer este patrimonio olvidado. Tenemos reuniones con la Asociación de Pequeños Mineros también”, explica Tania Bunster.

Un Geoparque Mundial de Unesco utiliza su patrimonio geológico en conexión con todos los demás aspectos del patrimonio natural y cultural del área para aumentar la conciencia y comprensión de las principales cuestiones que enfrenta la sociedad, como el aprovechamiento sostenible de los recursos de la tierra, la mitigación de los efectos del cambio climáticos y la reducción del impacto de los desastres naturales.

A través de la sensibilización de la importancia del patrimonio geológico del área en la historia y la sociedad actual, los Geoparques dan a la población local un sentimiento de orgullo de su región y fortalecen su identificación con el área.

En esa línea, se estimula la creación de empresas locales innovadoras, nuevos trabajos y cursos de formación de alta calidad, a medida que se generan fuentes de ingresos con el geoturismo, protegiendo al mismo tiempo los recursos geológicos del área.

“Encontré el apoyo del profesor, quien ha estado entregándome siempre su respaldo. Además ha habido una buena respuesta por parte de la Universidad en cuanto a recursos y movilización”.

Innovación

La coautora de esta iniciativa asegura que “la importancia del proyecto es de nivel nacional porque actualmente la minería no se preocupa de la reutilización de los espacios que fueron abandonados tras las faenas”.

Esto, agrega, tiene que ver con la minería y el desarrollo de las comunidades. “La minería explota, pero cuando termina el proceso, debe haber un plan para la cultura que queda alrededor. El trabajo que hacemos puede ser una buena oportunidad para las personas”, explica.

“Nosotros queremos que se incluya este patrimonio minero en el Cajón del Maipo. Creemos que el reconocimiento de los patrimonios en su conjunto potencia el desarrollo de las comunidades”, agrega la egresada de Ingeniería Civil en Minas.

La profesional detalla que, además de minas abandonadas, en la zona existen socavones, infraestructura minera y piezas del circuito del antiguo ferrocarril. Esto es rastro de la identidad local que podría ser considerada como parte del patrimonio minero.

“Este proyecto busca recuperar el humedal urbano El Loto mediante un prototipo innovador de descontaminación y un Laboratorio a Cielo Abierto complementario. Como Universidad pública no solo hacemos investigación de excelencia sino que queremos involucrarnos con nuestro entorno en una relación beneficiosa para ambos”, señala sobre este proyecto Astrid Seperiza, directora de Ceus Llanquihue, Centro de Estudios de la Universidad de Santiago dependiente de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación.

“El laboratorio no es solo para educar ambientalmente, sino para generar investigación ciudadana y colaborativa a través del diagnóstico y monitoreo de la iniciativa por parte de los propios vecinos”, complementa la directora.

El humedal El Loto conserva flora y fauna típica de la región, la que se ha visto amenazada y está en peligro por su ubicación en pleno centro cívico de Llanquihue. Es imperativo contar con medidas que permitan restablecer su desarrollo natural, más si se considera que ya, a nivel mundial ha desaparecido el 71% de las superficies de este tipo de ambiente ecológico.

“Esto es un beneficio intrínseco para nuestra comuna, ya que contamos con cuatro humedales de los cuales en un primer paso instalaremos estas BIOislas en el Loto, esto para ver su funcionamiento y efectividad en la oxigenación de sus aguas, lo que sin duda beneficiará la biodiversidad de su ecosistema”, argumenta el alcalde de Llanquihue, Víctor Angulo.

En una primera etapa las acciones irán dirigidas a recuperar el humedal a través de un innovador sistema de descontaminación; BIOislas, conocidas como “Floating Treatment Wetlands” a nivel mundial, creando hábitat flotantes que mejoran la calidad del agua por el mismo efecto de filtro natural de sus plantas.

El proyecto “BIOislas depurativas en Laboratorio a Cielo Abierto en el Humedal El Loto de la comuna de Llanquihue” cuenta con apoyo de Corfo, a través del programa “Prototipos de Innovación Social”. La iniciativa que tiene un año de duración, considera que el entorno urbano puede cambiar de amenaza a oportunidad, cuando la comunidad se involucra en su preservación. Por eso el rol de los vecinos es fundamental para el éxito de esta iniciativa.

Para  Sergio Vera, presidente de la Junta de Vecinos Villa Palena, es destacable el trabajo de la Universidad de Santiago con la comunidad. “Sabemos que este proyecto innovador tendrá un verdadero impacto en el humedal, limpiando las aguas y recuperándolo en todo su potencial. Esto nos hace proyectarnos  a otros humedales urbanos de Llanquihue, como Las Ranas y Poza Negra, que también necesitan un trabajo colaborativo como el que estamos desarrollando”.

El rol de las BIOislas

Tras el trabajo colaborativo con cada uno de los miembros de la comunidad, la Universidad de Santiago instalará en el humedal El Loto, las llamadas BIOislas, estructuras con una diversidad de plantas cuyo objetivo es limpiar de manera sustentable el lugar.

Al respecto, Mariana Muñoz, Ingeniera de Proyectos CEUS Llanquihue de la Universidad de Santiago, detalló que “el diseño de las BIOislas busca aumentar la capacidad depuradora del humedal, mediante la  incorporación de más superficie vegetal en el ecosistema especialmente en las entradas de aguas lluvias”.

Así en una primera etapa se realizará un diagnóstico del humedal El Loto, y en base a estos resultados se modificará el prototipo para disminuir la carga de nutrientes del cuerpo de agua. “Para el proyecto es muy importante la sustentabilidad de esta idea, y por lo mismo se propone una restauración integral, que combine aspectos sociales y medioambientales, esenciales para la pertinencia del trabajo que realizaremos en el territorio”.

La Intendencia Metropolitana informó que durante este domingo se constató la primera preemergencia ambiental de este año en la capital, producto del material particular fino respirable (MP2.5) en la región.

Para los especialistas en contaminación y académicos del Departamento de Física de la Universidad de Santiago, Dr. Ernesto Gramsch y Dr. Patricio Pérez, es muy probable que esta situación vuelva a repetirse este fin de semana que viene, debido al pronóstico para esta semana que informa la Dirección Meteorológica de Chile.

Según el organismo, se esperan precipitaciones este martes y miércoles para, luego, dar paso a temperaturas mínimas muy bajas y máximas que llegarían hasta los 21°C el día viernes. “Con la lluvia mejorará la calidad del aire, pero después que pase es bastante probable que tengamos mayores niveles de contaminación, dado que las bajas temperaturas mínimas de los días posteriores favorecen la inversión térmica, lo que provoca una mala ventilación. Además, mientras más baja la temperatura, mayor el aumento de emisiones por el uso de la leña”, explica el Dr. Pérez.

“Después de la lluvia, ocurren condiciones en la que está despejado, hace calor durante el día y frío en la noche. Eso hace que la concentración suba mucho. Si tenemos esas condiciones en los próximos días, tendremos rápidamente otro episodio”, afirma en el mismo sentido el Dr. Gramsch.

Perfeccionar el modelo de pronóstico

Por otra parte, los especialistas sostienen que el sistema que utiliza el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) para pronosticar los episodios de contaminación debiese ser complementado con el que publica diariamente la Universidad de Santiago.

Esto, luego que el modelo de la autoridad no diera cuenta del episodio de preemergencia del domingo, lo que impidió tomar medidas para no afectar la salud de la población. “El modelo del MMA se basa en información promedio acerca de las emisiones típicas que ocurren en una ciudad”, explica el Dr. Pérez. “Es bastante sofisticado y puede hacer proyecciones con varios días de anticipación, pero mientras más anticipado el pronóstico, más impreciso”, enfatiza.

De acuerdo a la seremi Metropolitano del Medio Ambiente, el sistema no acertó su pronóstico debido al aumento en las malas condiciones de ventilación, sumado a bajas temperaturas la noche del sábado que dieron paso al uso de la leña para la calefacción.

“Las emisiones particulares producto de las quemas de leña no pueden ser incluidas en este modelo y por eso no captan esta situación especial”, afirma el Dr. Gramsch. “Ese cambio de emisiones producto de una cosa puntual no es fácilmente incorporado en el modelo que usa la autoridad, pero sí puede entrar como una variable en nuestro modelo de redes neuronales, que se realiza de un día para otro”, complementa el Dr. Pérez.

El modelo de pronóstico de la Universidad de Santiago se publica todos los días, desde las 20.00 horas, en http://www.ambiente.usach.cl/pronostico/.

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA) arrojó que cuatro comunas del sur (Temuco, Linares, Los Ángeles y Chillán) presentan niveles de emergencia ambiental. El caso más complejo es el de Temuco, que lleva cinco días consecutivos en esta situación.

Para el especialista en contaminación ambiental y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Ernesto Gramsch, la capital de La Araucanía tendrá que seguir conviviendo con estos niveles, dado que no existen medidas de corto plazo que sean efectivas para reducir dichos índices.

“En Temuco, el problema principal es la leña y eso es porque la gente necesita calefacción, pero resolverlo no es una tarea fácil”, señala. Esto, dado que le parece inconveniente prohibir su uso si no hay alternativas disponibles, dado el frío en esta temporada del año.

“No creo que la fiscalización y la prohibición sean la solución porque si el fiscal ordena apagar la estufa y se va, la persona va a volver a encenderla, porque es la única alternativa para mucha gente”, insiste.

Finalmente, el especialista reconoce que el tema es preocupante, especialmente porque son los niños los principales afectados por los altos niveles de material particulado fino que afectan su sistema respiratorio, pero lamenta nuevamente que no existan medidas con resultados inmediatos.

“En Santiago, se ha logrado reducir la contaminación, pero en un plazo de 30 años”, afirma. “No es posible aplicar medidas irreales. Lo que hay que hacer es preocuparse en serio de la aislación térmica y buscar soluciones de calefacción distrital o de otro tipo que sean menos contaminantes. Esas cosas existen, pero hay que hacer las cosas bien”, concluye.