Se ha debatido mucho respecto a los precios de los medicamentos en Chile. Por un lado, están los intereses de la industria de producción, los llamados Laboratorios Farmacéuticos, las cadenas farmacéuticas, las farmacias independientes, la CENABAST y finalmente los llamados “consumidores”, si tal término se puede usar para designar a los “pacientes” que necesitan medicamentos para aliviar sus problemas de salud.

 

Por supuesto que esto es un tema que no nos puede dejar indiferentes. Un medicamento no es un bien de consumo sino una herramienta fundamental en la preservación y recuperación de la salud de todos nosotros.

 

Al respecto, para adentrarnos al tema, conviene clarificar algunos aspectos del problema:

 

En un sistema de libre mercado como el nuestro, el Estado tiene grandes dificultades (si es que no está imposibilitado) de regular los precios de los medicamentos. Por lo tanto, parte de la solución pasa por transparentar la cadena de valor de los medicamentos desde su inicio, en la compra de materias primas y/o productos terminados desde el extranjero hasta su distribución a los pacientes. Este es un camino espinoso y sombrío, ya que no conocemos como establece el precio final de venta de los medicamentos, ni tampoco cuáles son las políticas de fijación de precios a las farmacias y, de estas, a sus consumidores. Es más, los dueños de farmacias independientes no pueden optar a descuentos por volumen siendo que los laboratorios sí pueden otorgar precios especiales a sus clientes mayoristas (droguerías y cadenas de farmacia) sin dar explicaciones por ello. 

 

En este punto, un Observatorio Estatal de Precios es ideal para evitar los posibles abusos en que pueden incurrir los laboratorios farmacéuticos, de los cuales incluso algunos están integrados verticalmente con cadenas de farmacias.

 

La falta de ética y de visión de la salud pública ha provocado que la colusión de las grandes cadenas de farmacias sea otro problema heredado a través de los años.  

 

En ese sentido, el modelo español de farmacia comunitaria o de farmacias de barrio es un ejemplo a seguir. Yendo al grano, en España existe una ley que evita la concentración de farmacias en un mismo lugar, lo que se traduce en que el 99% de la población española disponga de al menos una farmacia en su localidad de residencia, asegurando la disponibilidad de medicamentos y atención farmacéutica las 24 horas del día los 365 días del año, siendo la red más amplia y equitativa de todos los países de la OCDE.  Un dato no menor: el modelo español obliga a que las farmacias no puedan estar a menos de 250 metros una de otra. 

 

En la actualidad y en la vereda opuesta, en Chile tenemos una concentración de farmacias en las grandes ciudades, existe colusión de parte de estas empresas y tenemos a millones de chilenos sin acceso a medicamentos y a servicios de atención farmacéutica.

 

Por último, por razones netamente comerciales, sin efecto alguno en la salud o economía de la población, se ha planteado como una solución errónea el hecho de pasar los medicamentos a los supermercados. Incluso algunos economistas de manera irresponsable han señalado que esta puede ser la solución aludiendo estudios fantasmagóricos que concluirían una baja en los precios al poner en supermercados los medicamentos OTC (Over the Counter), es decir aquellos no sujetos a prescripción médica. Al respecto, resulta sorprendente que el Gobierno insista con esta medida que de ninguna manera va a beneficiar a la población, ya que el gasto más importante en un grupo familiar corresponde al “segmento ético”, es decir, medicamentos con receta médica y para patologías crónicas, que no van a pasar a las góndolas de los supermercados. Esta medida, más bien populista, aumentará más aún la automedicación que ya es alta si consideramos que el alfabetismo en salud es mínimo en Chile, según estudios publicados por la Universidad de Santiago de Chile. Además, se sabe que decenas de miles de enfermos hospitalizados en el país, se deben al mal uso de medicamentos.  Entonces, cabe preguntarse, ¿quién pagará por el costo en salud que derivará de este error del Gobierno en su afán por mercantilizar el acceso a la salud en la población?

 

En conclusión, necesitamos con urgencia un Observatorio Estatal de Precios de los medicamentos, con participación del Gobierno, representantes de la sociedad civil y las empresas farmacéuticas. Es esta la entidad llamada a ayudar a que se eviten rentabilidades abusivas, colusión y estímulos perversos a la venta de medicamentos de mayor precio sin argumentos científicos de salud. 

 

También, qué duda cabe, necesitamos educar a la población en salud y medicamentos. No engañemos a la población sobre los potenciales efectos de medidas que, en definitiva, tiendan a llevar a los medicamentos potencialmente tóxicos a las góndolas de supermercados. Más bien, seamos responsables y fiscalicemos de verdad el tráfico de medicamentos en ferias libres y por internet. Es decir, lo que ya se hace mal en Chile, no tiene por qué legalizarse. Ese no es, ni tampoco será el camino.