• El docente de la Fahu, Jorge Araya Moya, sostiene que Carabineros debe mejorar las medidas y dispositivos que tiene para contrarrestar de forma efectiva estos incidentes que atentan contra el orden público.

“Claramente era algo esperable, que todo el mundo sabe que sucede los 21 de mayo en Valparaíso, tal como en las marchas que hay en Santiago, donde  grupos de encapuchados que adhieren a éstas, provocan desórdenes, daños y ataques de diverso tipo”, expresa el docente de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad, Jorge Araya Moya, respecto de los hechos de violencia desatados durante la cuenta pública de la Presidenta Bachelet que el sábado (21) último, cobraron la vida del guardia municipal Eduardo Lara.

La opinión del académico, se enmarca en una serie de cuestionamientos de los que ha sido objeto Carabineros.

Por ejemplo, la diputada comunista, Camila Vallejos, sostuvo que se deben revisar sus protocolos de acción, con el fin de evitar los niveles de violencia desatados en el puerto.

En ese sentido, Jorge Araya estima que, efectivamente, la policía debe perfeccionar su labor de inteligencia y sus tácticas policiales operativas. Sin embargo -advierte- ello conlleva un gran desafío por delante, dada las características particulares que engloban, las manifestaciones multitudinarias.

En ese contexto, el experto enfatiza que, por ejemplo, la inclusión de efectivos dentro de las protestas, podría ser contraproducente para los fines que busca. “Lo más probable es que los que están marchando, lo sientan como una provocación y pueda generar un conflicto de  mucha mayor gravedad”, explica.

Hay herramientas

Tras los desmanes del sábado pasado, desde el mundo político hubo voces que apuntaron a que se deben proporcionar más mecanismos a Carabineros, para prevenir y controlar hechos de esta naturaleza.

Por ejemplo, la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, afirmó que se debe “dotar a la institución de todas las herramientas legales que le permitan desarrollar su labor”.

Otros fueron más allá, como el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edward, quien pidió al Gobierno, tomar en cuenta una ley “antiencapuchados”, “que haga más fácil a los carabineros poder tomar detenidos a los encapuchados e interrogarlos”.

Contrastando esas posiciones, Jorge Araya explica que, en estricto rigor, los uniformados sí tienen herramientas suficientes para hacer su trabajo, como el control de identidad y el uso de personal de civil para ciertos procedimientos.

Pese a ello, “no descarto esta iniciativa que han presentado algunos parlamentarios, de poder controlar a  la gente que anda encapuchada, siempre que sea en determinados contextos”, clarifica.

“No pienso que sea válido prohibir que alguien se cubra el rostro en cualquier momento o circunstancia. Si es en el marco de una marcha, donde es esperable que se produzcan incidentes, creo que ahí se les podría facultar de una autorización explícita a Carabineros para poder detener o exigir el control de identidad a quienes estén encapuchados”, complementa.

Establecer un criterio claro

El investigador expresa que puede haber muchas propuestas, sin embargo si no se establece una pauta de discernimiento claro, no servirán de nada.

“Aún con esas herramientas, nada está garantizado si no incluyen los parámetros de cuándo intervenir, para no provocar un conflicto mayor”, explica.

En esa línea, el especialista propone una ley que reemplace el reglamento interno que rige, actualmente el proceder de Carabineros,  tal como en Uruguay, la  que permite determinar con claridad las potestades y marcos de acción de la policía uniformada.

“Lo valioso de eso, es que permite que la sociedad en su conjunto y sus representantes, los parlamentarios, conozcan cuáles son esos criterios y puedan colocar las normas, los límites y atribuciones necesarias para que (Carabineros) actúe con eficacia”, concluye el experto en seguridad ciudadana.