Invitado por la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad, el Jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Zona Oriente, fiscal Carlos Gajardo, dictó la conferencia “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y sus Directores o Representantes” en el Auditorio del Departamento de Ingeniería Industrial, al que asistieron autoridades, académicos y estudiantes, el pasado miércoles 23 de noviembre.
El decano de la Facultad de Ingeniería, Juan Carlos Espinoza Ramírez, se refirió al objetivo de la actividad. “Más que una conferencia o una charla, estamos ante una clase de ejemplos sobre las consecuencias que nos esperan si traspasamos la línea de lo que es ética y legalmente permitido”, advirtió durante la bienvenida al encuentro.
Durante su exposición, el persecutor penal del Ministerio Público, en cuyo currículum destacan investigaciones como los casos Penta y Soquimich por de financiamiento irregular de la política, se refirió a una serie de episodios concretos que se han investigado en el marco de la ley número 20.393, que debutó en 2009 y que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
Entre estos, abordó los casos Aurus, Salmoneras, Áridos, Universidades, Ceresita, Ilustre Municipalidad de Arica y Cementos, que han sido conocidos a través de distintos medios de prensa nacional. El fiscal se refirió a cada uno desde un modelo que permitió identificar cuándo las instituciones son sancionadas cuando incumplen esta disposición, analizando desde el delito que se comete hasta el sujeto que lo realiza, si la organización en la que trabaja saca provecho de esta situación y si ello es atribuible a una falencia en su modo de operar.
No obstante, Gajardo sostuvo que la norma aún es perfectible y que enfrenta una serie de desafíos en el futuro próximo. “En Chile, las penas de soborno parten con condenas por 61 días. O sea, tiene la misma gravedad para la ley robar un chocolate de un supermercado que usted le pague 10 millones de pesos a un ministro de Estado para que haga algo en su favor”, criticó.
“Las penas que establece la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas no son muy altas. Son penas de multa por montos acotados y la gran condena, que es la disolución de la persona jurídica, no está establecida para el delito de soborno, solo para el de lavado de dinero, que no es ninguno de los casos que se hayan investigado hasta ahora. Parecen ser términos legislativos mejorables, porque es importante que las sanciones sean intimidantes y que las empresas no lo piensen dos veces antes de cometer este tipo de delitos”, enfatizó.
Finalmente, insistió en que existen figuras legales que aseguran un mayor éxito en este tipo de indagatorias. En ese sentido, “es importante una política que promueva las denuncias anónimas y que fomente el anonimato”, enfatizó.
El desafío ético y moral de la Facultad de Ingeniería “más grande del país”
La actividad se enmarcó en las celebraciones por los cien años de la Facultad de Ingeniería. “Somos la Facultad de Ingeniería más grande del país”, afirmó el Decano durante el evento. “Tenemos más de 12 mil alumnos que cursan una de las 22 especialidades que dictamos y, sin duda alguna, el hecho de educar tantos ingenieros conlleva también una responsabilidad, no solo en lo que siempre hemos declarado, que es entregar una sólida formación científico-tecnológica, sino que, también, advirtiendo que muchos de ellos asumirán cargos de alta responsabilidad y tendrán que tomar importantes decisiones. Por eso, desde la academia, queremos aportar a su ética y moral”, subrayó.
Al término, la autoridad entregó un obsequio al fiscal como agradecimiento por su participación en la conferencia, la cual fue organizada por el Vicedecanato de Vinculación con el Medio de la Facultad. Su Director, Ramón Blasco Sánchez, estuvo entre los asistentes al encuentro, junto al Director del Departamento de Ingeniería Industrial, Miguel Alfaro Marchant; el Secretario General de la institución, Gustavo Robles Labarca; y la Contralora Universitaria (S), Claudia Pérez, entre otros.
Actualización de investigaciones en proceso
Terminada la ceremonia, Gajardo fue consultado sobre una serie de casos que lleva a su cargo.
Respecto a la indagatoria contra el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, quien se encuentra en Estados Unidos y es investigado por presunta apropiación indebida, delito tributario y lavado de activos, confirmó que se solicitará la extradición del ex timonel antes de fin de año.
“La Fiscalía está pronta a hacer una solicitud formal de extradición del señor Jadue que, creemos, debiera ser presentada en el curso del año 2016. El proceso de extradición comienza con la solicitud, formalización que se hace en ausencia y, luego, este trámite continúa en la Corte de Apelaciones. En el caso del señor Jadue, eso es lo que la Fiscalía tiene contemplado”, ratificó.
Respecto al caso Aurus, sostuvo que la nueva audiencia se realizará a fin de mes. “La defensa argumentó que no había sido notificada de algunas querellas que se habían presentado y el Tribunal fijó una nueva fecha para el día 30 de noviembre. Las imputaciones refieren solo al señor Mauricio Peña, pero eso no descarta que en el futuro hayan otras imputaciones”, enfatizó.
Sobre el caso Arcano, indicó que la solicitud de extradición de Alberto Chang “se encuentra en poder de la fiscalía de Malta” y reconoció que “estos procesos son lentos, por lo tanto hay que esperar lo que resuelva en este caso la jurisdicción de Malta”.
Consultado respecto a si el Ministerio Público citará al ex Presidente Sebastián Piñera a declarar en la investigación por presunta negociación incompatible entre Bancard, sociedad de inversiones del ex Mandatario, y la pesquera peruana Exalmar S.A., el fiscal declinó referirse al tema.
