Durante 2016 el Consejo para la Transparencia realizó un trabajo de fiscalización a 16 universidades estatales y públicas, con el objetivo de determinar el nivel de respuesta y constatar los tipos de obstáculos que surgen ante solicitudes de información por parte de la ciudadanía.
Como parte de la evaluación del organismo, se determinó analizar el desempeño de las casas de estudios superiores, específicamente en las etapas de ingreso, gestión y respuesta respecto de las peticiones de los solicitantes para determinar el Ranking de Acceso a la Información. En ese sentido, la Universidad de Santiago de Chile obtuvo la máxima valoración entre los planteles evaluados, alcanzando un 96,2% de cumplimiento.
“Todas las Unidades de nuestra Universidad son sujetos pasivos de requerimiento de información. Por ello, realizo un reconocimiento público a todos quienes, gracias a su trabajo, han permitido que lideremos este ranking de transparencia”, plantea con gran orgullo el secretario general del Plantel, Gustavo Robles Labarca. Asimismo, recuerda que como parte de su Plan Estratégico Institucional, la Universidad de Santiago ha incorporado precisamente el concepto de la transparencia.
Unidad de Transparencia institucional
La Ley 20.285 sobre acceso a la información pública fue promulgada en 2008, con el objetivo de dar cumplimiento a ciertos principios constitucionales establecidos, con ese rango, en la Carta Fundamental de Chile a partir de 2005. “De hecho, siempre se habla de probidad, transparencia y publicidad, como factores de trascendencia para una convivencia democrática”, advierte Gustavo Robles. “La transparencia, que es un valor y un principio constitucional, se puede lograr cuando existe libre acceso a la información pública de los órganos del Estado”, agrega la autoridad.
En el caso de la Universidad de Santiago, se trata de un proceso continuo que ha implicado distintas etapas institucionales, como informar, instruir, capacitar y organizarse. “La Secretaría General cuenta con la Unidad de Transparencia, donde aprovecho de destacar el trabajo de sus integrantes, Francisco Vial y Evelyn Sanzana, quienes se encargan tanto de la transparencia activa como de la pasiva”, explica, sumando la colaboración de la Dirección Jurídica y de la comunidad universitaria en su conjunto.
“Desde que se promulgó la Ley y se creó el Consejo para la Transparencia, ha sido un desafío para nuestra Universidad implementar un sistema lo más expedito posible para poder cumplir con los mandatos”, resalta Gustavo Robles. Esto, a propósito de los dos pilares que la sustentan. Por una parte, la transparencia activa, que implica una obligación institucional de mantener actualizada su información en una página electrónica. Y, por otra, la transparencia pasiva, que es la que se evalúa periódicamente y que corresponde al derecho a la información pública.
Faro intelectual para la sociedad
Desde simple información académica hasta datos de dotación de personal, proyecciones de contratación, edificaciones, proyectos y adquisiciones, son parte de las solicitudes que se reciben en el Plantel, tal como lo detalla Gustavo Robles. “Incluso para fines relacionados con la investigación y análisis respecto de trabajos del ámbito de la educación superior”, destaca, añadiendo que la mayoría de los solicitantes corresponden a personas anónimas.
En cuanto a las implicancias que representa encabezar este ranking de transparencia, resalta que un logro como éste “enaltece el sello estatal y público de la Universidad de Santiago, que es la universidad estatal por excelencia en muchos aspectos, y donde se imparten carreras donde precisamente está involucrado el concepto de transparencia. Tenemos ramos de derecho, de ciencias sociales, de economía, de gobierno y gestión pública. Además, políticas públicas que se estudian en nuestra Universidad”.
Y agrega: “Promover leyes como éstas, en su condición de política pública, es también una manera de reforzar nuestro sello institucional, democrático, pluralista e inclusivo”.
Asimismo, advierte que la única limitante que existe es que la información que se solicita exista en un formato electrónico o de papel. “Además, las únicas materias que el Estado puede no entregar son aquellas relacionadas con la seguridad nacional. Pero en principio, todo es público”, aclara.
En consecuencia, para el secretario general del Plantel la importancia fundamental de que la Universidad de Santiago presente este alto nivel de transparencia en sus actos, radica en su mandato y en su conciencia social. “Tenemos el desafío de ser un faro intelectual que ilumine a la sociedad, por lo que la Universidad debe asumir su rol de la mejor manera”, asevera.
Aumenta cumplimiento promedio
El proceso desarrollado por el Consejo para la Transparencia se basó en el mecanismo de “usuario simulado”, mediante el cual sus fiscalizadores enviaron diversas solicitudes anónimas de acceso a la información a las 16 universidades estatales, sin considerar a las recientemente creadas universidades de O’Higgins y de Aysén. Esto, con el objetivo de conocer y analizar los obstáculos tanto para ingresar las solicitudes como en cuanto al plazo legal para emitir las respuestas, que corresponde a veinte días hábiles.
Entre las conclusiones del organismo destaca que el puntaje promedio de cumplimiento de las universidades estatales fue de 75,16%, lo que representa un 17% más en comparación con el proceso fiscalizador realizado en 2015. Bajo la Universidad de Santiago se ubica en la segunda posición del ranking la Universidad de Chile, con un 95,92% de cumplimiento, mientras que en el tercer puesto aparece la Universidad de Talca, con un 95%.
