• El experto de la Escuela de Periodismo, Claudio Avendaño, sostiene que el fallo de la Corte Suprema, que obligó a una clínica a admitir la identidad de una menor transgénero, da cuenta de que la sociedad chilena hoy valora más la inclusión de minorías sexuales. Sin embargo, señala que ni esto, ni el proyecto de identidad de género son suficientes.  “Lo que se necesita es una legitimación social de este tipo de cambios a través de una educación sistemática al respecto”, asegura.

La Corte Suprema ordenó a una clínica privada a reconocer la identidad de una niña transgénero, luego de que el recinto se negara a hacer esto, aduciendo que el cambio debía hacerse primero en el Registro Civil. “La referida inscripción solo tiene un sentido de publicidad, la que en caso alguno puede prevalecer sobre la dignidad de la persona, el interés superior del niño y la garantía constitucional de la igualdad”, sostiene la sentencia. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ha visto en este hecho un precedente para la discusión del proyecto de identidad de género que, actualmente, se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Al respecto, el sociólogo de nuestra Universidad y experto de la Escuela de Periodismo, Claudio Avendaño, sostiene que “ha habido una demanda muy fuerte de la sociedad civil organizada para avanzar en este sentido y, de alguna manera, el fallo de la Corte Suprema da cuenta de una sociedad que en términos generales va a cambiar. Hoy, estamos en una sociedad apuesta cada vez más por lo diverso”.

“En esto se ha planteado un debate para reconocer las identidades sexuales”, agrega.

No obstante, sostiene que ni este hecho ni el proyecto que se discutirá en el Congreso son suficientes para legitimar, en la sociedad chilena, el valor de reconocer a personas transgénero si no se contempla “una campaña educacional y comunicativa, que combine elementos formativos con informativos, impulsada por el Estado”, apunta.

“Aquí, lo que se necesita es una legitimación social de este tipo de cambios porque, de lo contrario, se producen actos violentos o criminales contra personas. No solamente en este caso, sino en otros, donde algunos sienten que es legítimo porque no hay un cierto acuerdo social mayoritario respecto al valor de todo esto”, complementa.

Por eso, insiste que “se deben socializar este tipo de debates y propuestas, para que las personas puedan formarse una opinión y que no solo quede en un dispositivo legal frente a lo cual se pueda apelar, sino que se transforme en algo sociocultural. Para eso, se necesita usar los recursos de la educación y la comunicación”.

“Más importante que lo jurídico son los cambios que se producen en nuestras subjetividades y que, de alguna manera, aceptamos este tipo de propuestas o propugnemos ciertos cambios culturales. El cambio que se está produciendo en nuestra sociedad es la clave, aunque sea lento o rápido, para que esto se transforme en algo legítimo”, enfatiza.

“Puede que haya una norma legal, pero que desde el punto de vista social no es legítima. Lo que se necesita es que estas normas legales se socialicen, se comuniquen, se forme a las personas, para que todos consideremos que esto es algo beneficioso, positivo, aceptable y reconocible”, sintetiza.

Por otra parte, sostiene que “en todo proceso de cambio social hay actores que avanzan en una determinada línea, plantean demandas, estructuran reclamos, etcétera, y hay otros sectores que se sienten incómodos porque esos cambios colisionan con sus valores, sus creencias”.

“No tenemos que pensar que tenemos un acuerdo unánime respecto al sentido, velocidad y características de los cambios culturales que estamos viviendo”, continúa Avendaño. “Hay sectores mayoritarios que aceptan, pero hay núcleos muy duros, que tienen visiones bastante fundamentalistas y que son importantes. Grupos religiosos, de distintas iglesias, que se oponen a este tipo de propuestas o al reconocimiento de la diversidad”, afirma.

Finalmente, destaca que “en el fundamento del fallo hay un elemento interesante, que es asociar esta situación a un derecho humano. Que eso sea reconocido por la Corte Suprema, a mi juicio, revela un cambio valórico y en el sistema de creencias que ordena nuestra convivencia democrática”.