- Con la presencia de las más altas autoridades del Plantel y familiares de las víctimas de esta Institución en el marco de la dictadura militar, ayer (8) se presentó la versión que actualiza el Informe de la Comisión de Reconciliación Universitaria, de 1991. El documento constata que son 88 los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de nuestra comunidad universitaria, entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. El Libro Memorial “tiene un propósito de paz y dignificación”, señaló el rector Juan Manuel Zolezzi.
En el marco del programa de conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado, organizado por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, la publicación lanzada ayer, actualizó el Informe de la Comisión de Reconciliación Universitaria elaborado en 1991 y que daba cuenta de 62 víctimas de la dictadura. Hoy, con nuevos antecedentes, ese número aumentó a 88. Se agregaron trece nuevos casos de detenidos desaparecidos y el mismo número de ejecutados políticos.
La ceremonia en que se oficializó el texto y que fue presidida por el rector Juan Manuel Zolezzi, contó con la participación el jurista Hernán Montealegre; el presidente de la Comisión de Reconciliación Universitaria que elaboró el Informe de 1991, Francisco Javier Gil; y el ex presidente de la Federación de estudiantes de la UTE, Osiel Núñez, quienes se refirieron al aporte del libro. El acto contó también con la presencia de familiares de las víctimas y miembros de la comunidad universitaria.
El Libro Memorial “tiene un propósito de paz y dignificación”, señaló el rector Zolezzi, y no descartó que más adelante se sigan conociendo más antecedentes, “quizá aún no sabemos todo lo que pasó”, observó. Sin embargo, se mostró complacido de que la Universidad avance y haga estos gestos de reparación reconociendo a las víctimas. “Dimos un paso más para esclarecer la verdad. Sin verdad no hay justicia y estamos tratando de poner los antecedentes sobre la mesa para que los Tribunales de Justicia hagan su labor”, acotó.
El rector de la Universidad valoró el documento como un paso más hacia la justicia, la verdad y la reconciliación, con carácter de “patrimonio histórico”.
Civiles, silencio y desafuero
El abogado Hernán Montealegre, al presentar la obra, se refirió al ensayo que preparó especialmente para la edición de este libro y que habla sobre los conceptos jurídicos relacionados con las violaciones de los derechos humanos en la dictadura y su sustento legal. Asimismo, hizo un abierto llamado a la sociedad a poner fin al pacto de silencio que ha existido entre los responsables de estos crímenes no sólo militares, sino también civiles. “No fue responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas. Hay una declaración de la Corte Suprema de que este fue un gobierno cívico militar. Es indudable que los civiles tienen responsabilidad. Ellos participaron voluntariamente de la organización criminal que tenía montada el dictador Pinochet”, dijo Montealegre en referencia a miembros no uniformados que participaron en ministerios claves durante la época de persecución política.
El jurista anunció en la oportunidad que interpondrá una querella criminal en contra del ex subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, a quien sindicó como “comprometido en numerosas violaciones a los derechos humanos”.
Montealegre hizo referencia al caso de Patricio Manzano, estudiante de la Universidad de Chile, “que fue muerto en 1985 por Fuerzas Especiales de Carabineros, que estaban a disposición del Ministerio del Interior, del señor Onofre Jarpa y del señor Alberto Cardemil y, por lo tanto, yo estoy pidiendo su desafuero”, enfatizó.
Diferenciar DD.DD. de ejecutados políticos
Francisco Javier Gil, actual director del Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia de nuestra Casa de Estudios, fue quien en 1991 presidió la Comisión de Reconciliación Universitaria que reconoció a 62 víctimas de la dictadura.
Durante la presentación contó que se sintió muy acongojado cuando supo que había nuevos nombres. “Fue horroroso saber que hubo 26 casos más. Nosotros no sabíamos, no tuvimos más información”, declaró.
Encarecidamente pidió a la comunidad que se recalcara la distinción entre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, “porque no es lo mismo. Las carpetas que había en los archivos del cardenal de ejecutados políticos tenían un certificado de defunción, en cambio las de detenidos desaparecidos tenían los recursos interpuestos por las familias y cartas de muchas madres”.
Para Osiel Núñez la inclusión de nuevos casos fue “impactante, doloroso, pero al mismo tiempo, un elemento positivo, porque podemos reconocer dentro de los nuestros a 26 compañeros y compañeras que hasta ayer pertenecían al conjunto de víctimas de nuestro país. Desde ese punto de vista, podemos sentir que están llegando a su casa”, concluyó.
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