Dos de los siete mayores operadores del Transantiago decidieron restarse del plan antievasión del Gobierno, que contempla  la instalación de 1.239 torniquetes en buses y 155 fiscalizadores contratados por las empresas.

Para el especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, una interpretación al rechazo de Alsacia y Express se debe  a que “sienten que este plan antievasión tiene un componente útil, pero está dejando de lado también otros elementos a considerar y que, finalmente, serán difíciles de resolver”.

Para el especialista, uno de los principales problemas del plan del Gobierno es que sigue centrado en la fiscalización, sin considerar que “los torniquetes y fiscalizadores sobre buses, que se han utilizado mucho hasta ahora, no provocaron más multas y, además, se aumentó la evasión”.

Además, señala que la iniciativa no contempla que “la otra cara de la evasión, que se relaciona con una dificultad socioeconómica que tiene la ciudad”.

“Los habitantes del primer decil socioeconómico, el más bajo, paga cerca de un 24% a 25% del ingreso familiar en transporte. Hay un grupo al que le cuesta mucho pagar el Transantiago”, indica. Por eso, afirma que “hay que buscar mecanismos que permitan un pago más de acuerdo con la realidad socioeconómica del país, y de la ciudad específicamente”.

Por eso, propone “un mecanismo de subsidio a la demanda para los sectores socioeconómicos más desposeídos, donde pueda haber una tarjeta mensual de viajes ilimitados que se pague una sola vez al mes”.

Martin afirma que este subsidio puede ser pagado por el Estado o los empleadores “a través de un descuento en sus impuestos”.

“Lo primero que se debería hacer es crear esta tarjeta mensual y que fuera asociada a una identificación personal. Es decir, que no fuera intercambiable”, apunta.

A su juicio, “mecanismos como este pueden comprometer de nuevo a la población, especialmente a la de menos recursos, en generar un pago”. Esto, ya que aumentar la fiscalización es un mecanismo ya probado y “si la evasión ya se instaló, será muy difícil que estos grupos vuelvan atrás y asuman un gasto de esa magnitud. Hay que buscar herramientas alternativas”.

Según el académico, el tema de los viajes ilimitados es solo una apuesta, ya que, en la práctica, “el promedio de viajes en Santiago es de tres. Difícil que una persona genere más de esa cantidad de viajes”.

Martin insiste en que el mecanismo es una mejor solución frente a la evasión, ya que “es fácil identificar los puntos donde existe más conflicto. Si cruzamos el índice de evasión con el nivel  socioeconómico, se producirán niveles de consistencia tremendas entre ese no pago y dicha realidad”.