El Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, anunció ayer que se suspenderán las desafiliaciones de MasVida hasta el 31 de marzo. La isapre se encuentra en una crítica situación económica, lo que según la autoridad habría provocado que 15 mil usuarios se alejaran del sistema por la incertidumbre. La decisión, argumenta el órgano fiscalizador, busca “garantizar que la continuidad operacional de la isapre, permita el respeto de los derechos de las personas y la continuidad de su atención de salud”.
Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Enrique Marinao, la decisión refleja “una ambigüedad absoluta respecto de qué es lo que permite la legislación actual, en cuanto a los derechos de aquellos usuarios del sistema de salud”.
“El corralito solo busca salvar a la empresa”, señala en alusión a la medida adoptada por el Gobierno del ex Presidente trasandino Fernando de la Rúa, que restringía la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros para evitar la salida de dinero del sistema bancario, a modo de sortear el pánico bancario y, por consecuencia, el colapso del sistema.
“No se puede tener de rehenes a miles de chilenos, porque si estamos en una economía de libre mercado, el consumidor del sistema de salud tiene que tener la potestad de elegir el mejor servicio”, critica.
“Están como rehenes del sistema para la salvar la mala gestión que esa empresa hizo”, agrega.
“La mala gestión fue siendo encubierta. Esas integraciones, hacia adelante y hacia atrás, si bien son parte de una buena estrategia para administrar un negocio, tiene que saberse hacer, pero aquí hubo intereses cruzados de todos lados”, explica.
Por eso, el experto cuestiona la causa que motivó la intervención parcial de la isapre: “el Estado adopta una medida a través de la Superintendencia para salvar a una empresa y no en función de proteger los intereses de los usuarios, que debiera ser el mandato inicial de ellos”.
“Cómo se les ocurre dejar a 500 mil personas del país en estado crítico, pensando si tienen derecho o no a que los vea un médico. El Estado viene mirando el techo hace mucho tiempo. Le da lo mismo lo que pase con sus ciudadanos”, critica.
Finalmente, el académico lamenta que “no existe una legislación que corresponda para velar por los derechos de los usuarios del sistema de salud. Estamos en una situación de total indefensión”.
