• El especialista en transporte urbano, Rodrigo Martin, asegura que el Ministerio de Transportes sólo ha impulsado medidas desordenadas para combatir los altos  índices de no pago del servicio, y que “en ese estado de incertidumbre, el problema  aumentará”. Además, advierte que los niveles de evasión permitirán un mejor poder negociador de los privados para aumentar los subsidios que reciben del Estado, situación que encarecerá el servicio para los pasajeros.

Los niveles de evasión en el Transantiago volvieron a batir un récord. Ahora, la cifra de no pago se elevó a 35%, lo que genera alarma respecto a la licitación de fin de año sobre cuatro de los siete servicios, en circunstancias que el negocio da señales de ser cada vez menos rentable.

Para el experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, esta situación es “previsible”. “Las medidas que se han ido tomando han sido desordenadas y no han logrado enfrentar el problema de buena manera”, sostiene.

Por eso, indica que “hay que tener una postura concreta y precisa sobre este tema, y el rol del liderazgo ministerial es muy importante en esto, pero no ha aparecido con claridad hasta ahora”.

El académico explica que “no ha habido reacciones coherentes ni del Gobierno, ni de los legisladores, ni de las empresas respecto al tema de la evasión y, en ese estado de incertidumbre, si la gente puede evadir, lo hace y lo sigue haciendo. Es inevitable que algo que está descontrolado como la evasión aumente”.

Por eso, afirma que “no hay ninguna señal de que la evasión vaya a bajar. No se ha hecho nada consistente para reducirla. Lo más probable es que siga aumentando. Las propuestas son todas parciales y la responsabilidad de la evasión no está claramente establecida”.

Proyecto antievasión

Este miércoles, el Senado despachó a la Cámara Baja el denominado proyecto ‘Antievasión’, que crea un registro de pasajeros infractores y aumenta las atribuciones a los fiscalizadores.

Para Martin, la iniciativa “puede resultar incluso más negativa” para la evasión. “Si hacemos un Dicom de la gente que no ha pagado el Transantiago, restringiendo la movilidad y, por lo tanto, el trabajo de esas personas, se transforma en una presión tremenda desprovista de una lectura sensible sobre la realidad socioeconómica del país”.

“Ese no es el camino. Es como poner una trenza sobre la gente, que aprieta a los usuarios del Transantiago que no están buscando un beneficio socioeconómico, sino sobrevivir y moverse en la ciudad”, explica.

En síntesis, “es una presión feroz de un sistema que solo quiere defender el negocio de los operadores, basándose en la factibilidad económica sin ofrecer un servicio razonable para los usuarios”.

Próxima licitación

El académico sostiene que la alarma de las autoridades por la próxima licitación del Transantiago es infundada. “Va a funcionar igual, porque es necesario que las empresas sigan funcionando”, señala.

Sin embargo, indica que los niveles de no pago permitirán a los operadores una mejor negociación con el Estado. “La evasión va a permitir a los privados tener control respecto a los niveles de subsidio”, sostiene.

“Si una empresa se asigna una licitación teniendo un contexto de 35% de evasión, va a exigir ciertas condiciones para poder operar, y eso implicará que el sistema se vuelva más subsidiado y más garantista, y nos va a salir más caro a todos”, explica.

“Lo más probable es que suba el valor del subsidio. La opción de que eso suceda es casi segura”, proyecta.