Un estudio de la Secretaría del Transporte proyectó una disminución de un 15% en la demanda por buses del Transantiago en 2018. Mientras, el flujo de pasajeros de Metro subirá un 21,2% en la hora punta de la mañana, influido por la puesta en marcha de las nuevas Líneas 3 y 6 del ferrocarril metropolitano.

Para el especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, esta situación se produce como reacción de los usuarios ante diez años de mal servicio de superficie, lo que produce un cambio de hábito en la ciudad. Por eso, llama a definir mecanismos que permitan asegurar un crecimiento sostenido de Metro, para que el servicio no colapse.

“Si se produce una apuesta de la ciudad por el crecimiento del Metro, que es lo más sensato, se requiere un mecanismo de financiamiento que se sostenga en el tiempo. No podemos pasar los próximos diez años tratando de construir solo dos líneas más. Tenemos que construir más rápido que eso”, afirma.

Por eso, propone que Metro o alguna entidad del Estado tenga la capacidad de captar el aumento del valor en el uso de suelo que produce la llegada del ferrocarril metropolitano a un determinado punto de la capital. “La ganancia en el valor del suelo que produce el Metro debe ser capturada por la empresa para, de esta manera, poder reinvertir esos recursos en nuevas líneas”, explica.

“Cuando el Metro construye una estación, incrementa automáticamente el valor del suelo. Entonces, las inmobiliarias compran todas las casas antiguas del sector y construyen departamentos. Por lo tanto, el valor de uso de suelo lo ganan privados”, critica.

Por eso, indica que “si queremos que el Metro crezca con inversión estatal financiada con dinero de todos, primero, esa inversión que genera el valor del suelo no debe regalársele gratis al mercado inmobiliario”, afirma.

“Hay que buscar mecanismos de gestión inmobiliaria que permitan financiar al servicio”, indica. “Lo que se debe permitir es que el Estado tenga capacidad de gestión inmobiliaria”, agrega.

Aunque reconoce que esta opción fue desechada durante la construcción de la Línea 1 del Metro, por concebir que “el Estado tendría una ganancia producto de una inversión”, sostiene que “hay que replantearlo”.

“Un mecanismo es aplicar un impuesto sobre ese valor del suelo agregado, pero también es posible que se generen gestiones inmobiliarias directamente, por parte del Estado, mediante compra de terrenos para localización de viviendas de interés social, para abastecimiento del Metro”, señala.

Con esto, Martin se refiere a que el Estado tenga la facultad de realizar “gestión inmobiliaria sobre espacios que tengan que ver con la propia gestión de líneas de Metro, para que pueda comprar y construir en posiciones estratégicas donde estarán las nuevas estaciones”. Esto, considerando que los nuevos proyectos para el ferrocarril ya están diseñados.

“Que pueda haber cierto grado de justicia social, generando densificaciones de usos mixtos dentro de la ciudad y se mezclen viviendas de interés social que no solo estén en la periferia, sino también cerca del Metro”, afirma.

Indica que esa gestión también puede recaer en el Ministerio de la Vivienda, lo importante es que “bebe haber una relación entre la inversión que hace el Estado y esa ganancia de valor del suelo que produce”, concluye.