En el marco de su Plan de Descarbonización, el Gobierno anunció que en los próximos cinco años se retirarán las ocho centrales más antiguas. Sin embargo, el Mandatario advirtió que “podrán ser llamadas a funcionar en caso de carencia energética”.

De acuerdo a un estudio del Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Dr. Humberto Verdejo, en conjunto con la consultora EMOAC, seis de las ocho empresas podrían acogerse a un nuevo Estado Operativo de Reserva Estratégica (ERE), que estaría en el Reglamento de Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras que el Gobierno se comprometió a modificar antes de enero de 2021.

Es decir, que Tarapacá y Bocamina I, de la compañía Enel; Ventanas I y 2, de AES Gener; y Tocopilla U14 y U15, de Engie, podrían recibir en conjunto $1.355 millones mensuales por tener que permanecer disponibles ante emergencias. Esto, considerando datos de 2018.

El nuevo ERE fijará los pagos y condiciones para que las unidades que vayan saliendo del sistema despachen electricidad en casos excepcionales. Bajo esta lógica, se les reconocería el 60% de la Potencia de Suficiencia que remunera el tamaño de la infraestructura y su disponibilidad para suplir la demanda máxima del sistema, señala Diario Financiero.

“Cuando una central está en condiciones de operación normal, tiene un pago por estar lista para generar. Estas centrales que se acogen a un retiro programado van a recibir un 60% de la remuneración que reciben las centrales que están listas para funcionar”, explica el Dr. Verdejo.

“Es la primera vez que se definen centrales de reserva estratégica, entonces el valor que se les paga no es comparable con una realidad que antes no existía”, agrega. Las centrales para las que se anunció su retiro totalizan 1.069 MW de la capacidad instalada.