Fue durante la ceremonia de aniversario de la Contraloría General de la República que el Presidente, Sebastián Piñera, anunció el envío de un proyecto de nueva Ley Orgánica Constitucional para la entidad fiscalizadora superior de Chile, cuyo objetivo sería “adecuarla a los tiempos modernos, a las tecnologías modernas y para que cumpla con mayor celo y con mayor eficacia su función de velar por la legalidad y el buen uso de los recursos públicos”.
Para el abogado experto en derecho administrativo y académico de la Universidad de Santiago, Francisco Zambrano, dicha modificación debe considerar una reducción de sus atribuciones de control, para que los servicios públicos se hagan responsables por sí mismos de su accionar. Ello, a fin de que no incurran en decisiones al margen de la ley que, si no son fiscalizadas previamente por sus unidades de control interno, quedan impunes, a la espera de que la Contraloría se haga cargo de manera posterior, mediante una “toma de razón” que, incluso, podría no ocurrir, eventualmente.
“Debieran reducirse algunas atribuciones de control, porque eso hace que muchos servicios actúen a la espera de que la Contraloría rechace o no su actuar, lo que diluye el principio de responsabilidad”, insiste. “Es mejor que los servicios se hagan cargo de sus actos, sin perjuicio de un control posterior. Muchas veces, la toma de razón resulta un control jurídico ineficaz que retarda las decisiones”, agrega. “Las unidades de control internas de los servicios públicos deben hacerse responsables de lo que hagan y eso solo se logra cuando la Contraloría no es un comodín ni cumple un rol subsidiario en las unidades jurídicas internas”, enfatiza Zambrano.
Reforma a nivel interno
El académico de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios también considera fundamental que la iniciativa del Ejecutivo contemple que todos los cargos en el ente fiscalizador dejen de ser de exclusiva confianza del Contralor, para que las decisiones de este último tengan un contrapeso a nivel interno y para permitir que los funcionarios del organismo hagan carrera, de manera que se respete su antigüedad y expertise.
“Al Contralor General de la República, internamente, nadie le dice que no, porque todos son de su confianza. Nadie tiene estabilidad en su función”, afirma el especialista. “Creo que es importante replicar el modelo del Consejo para la Transparencia, donde el Director General tiene una función ordenadora dentro del servicio y lo representa, pero quien toma las decisiones es un consejo, donde hay un contrapeso interno”, concluye.
