El superintendente (S) de Servicio Sanitarios, Jorge Rivas, deslizó estar en desacuerdo respecto a caducar el contrato de la sanitaria Essal, pese a que un derrame de combustible en una de sus plantas de producción dejó sin suministro a más de 55 mil personas durante 10 días en Osorno. “La gente sufriría las consecuencias”, señaló en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados frente a una eventual decisión de este tipo, argumentando el extenso periodo que demoraría encontrar otra empresa que opere.
Sin embargo, para el experto en obras hidráulicas y académico de la Universidad de Santiago, Carlos Reiher, “la solución frente a un problema tan grave es hacer un cambio en la empresa que está a cargo, porque expone a que haya vulnerabilidades en distintas etapas del proceso de producción de agua potable que pueden venir desde problemas por el diseño de las plantas hasta de gestión en la producción continua y en las contingencias ante eventos particulares”, afirma.
Para el académico del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles del plantel universitario e ingeniero civil mención hidráulica sanitaria ambiental, la empresa debiera haber considerado un mecanismo para evitar que cualquiera de los químicos que están presentes en el procesamiento del agua no llegasen a contaminar de manera inesperada los sistemas de producción. “No solo se trata del petróleo, sino de otros para realizar procesos de coagulación, floculación y desinfección, que en dosis altas se transforman en elementos tóxicos. Pareciera ser que en esta planta no están todos los resguardos para que esos químicos puedan llegar a contaminar”, advierte.
Magíster en ciencias de la ingeniería mención recursos y medio ambiente hídrico, y especialista en modelación hidráulica y mecánica fluvial, Reiher señala que, en caso de eventualidades, la planta debiera contemplar diferentes líneas de producción para que no haya corte absoluto en su funcionamiento. “En estas contingencias, es inentendible que no hayan líneas independientes que funcionen en forma separada, para realizar mantenciones de una mientras sigue funcionando la otra”, explica.
Intervención
Aunque el académico reconoce que el proceso de traspaso de concesión de una empresa a otra no es rápido, desde el punto de vista legal, sostiene que para no provocar un problema a la población lo que se debe realizar es “una intervención a la empresa”. Es decir, “que la Superintendencia de Servicios Sanitarios disponga de personal técnico o un panel experto que haga mejoras y diagnostique problemas mientras la planta sigue funcionando. En simultáneo, generar un proceso de renovación de la empresa a cargo de la producción de agua potable”.
Para ello, considera que se debe reformar la Ley de Servicios Sanitarios, estableciendo una cláusula dentro de estos contratos de concesión que permita intervenir de forma rápida y severa a una empresa cuando ocurre un problema grave, a fin de que otra entidad se haga cargo del suministro y evitando la judicialización.
Junto con lo anterior, generar un diagnóstico no solo de esta, sino de otras plantas que pudieran tener problemas, modificando en general la manera en que las empresas sanitarias deben garantizar su servicio -considerando otras situaciones similares, para prever una batería de soluciones, como diferentes procesos de almacenamiento de agua potable frente a contingencias. “Todo esto debe ser respaldado por instrumentos legales. Este debiera ser el foco de la reforma que se está proponiendo”, concluye.
