Los esfuerzos que nuestra comunidad universitaria ha venido haciendo para erradicar los distintos tipos de violencia, entre los que se encuentran la discriminación y agresión hacia personas que se identifican como lesbianas, gays, personas trans, bisexuales, intersexuales, queer y más, han dado como resultados importantes avances en su percepción de calidad de vida en el campus. No obstante, aún persisten ciertas formas de violencia y hasta que nadie sienta que le está afectando la discriminación, queda trabajo por hacer. 

Esto se desprende luego de conocer los resultados de la investigación, liderada por la coordinadora del área de Estudios de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad perteneciente a la Vicerrectoría de Calidad de Vida, Género, Equidad y Diversidad, Dra. Débora Jana Aguirre, “Personas LGBTIQ+ en la Usach: calidad de vida y violencias de género en la educación superior”, que analiza las transformaciones en educación superior y la experiencia en nuestra comunidad de las personas LGBTQI+.

El estudio, que se presentó el lunes 13 de noviembre a la comunidad universitaria, contó con la valoración del rector Dr. Rodrigo Vidal Rojas; de la vicerrectora de Calidad de Vida, Género, Equidad y Diversidad, Angélica Larraín Huerta; y con las palabras introductorias de la directora de Género, Diversidad y Equidad, Dra. Yenniffer Ávalos Carrasco. Además, fue acompañado por un panel de conversación compuesto por Marco Antonio Ávila, exministro de Educación y la Dra. Panchiba Barrientos, directora del Proyecto Biblioteca Fragmentada; junto a la moderadora Mónica Maureira, experta de Chile en el Comité de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI-OEA).

La directora de Género, Diversidad y Equidad señaló que actualmente quienes se identifican como LGBTQI+ siguen sido víctimas de crímenes de gran impacto social, pero destacó que también enfrentan violencia de género  que se manifiesta de forma más cotidiana “como falta de visibilidad y de representatividad, reproducción de estereotipos de género, falta de reconocimiento a su identidad de género u orientación sexual, así como también la difusión de discursos de odio que están dirigidos especialmente a quienes representan otras categorías de exclusión, como cuerpos feminizados, personas racializadas y pobreza”.

Y como “los Estados y sus instituciones tienen, y tenemos como universidad estatal y pública, el deber de actuar con contingencia y urgencia para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia y la incitación a la violencia dirigidos contra las personas LGBTQI+”, anunció que “se ha declarado admisible un programa de capacitación en derechos de las personas LGBTQI+ que ejecutaremos como universidad, que trabajaremos de manera conjunta con el Gobierno Regional de Santiago y la Mesa por la Diversidad y Contra la Discriminación, que esperamos permita abordar a nivel regional algunas brechas y necesidades mencionadas anteriormente".

Política Integral para el Abordaje de la Violencia de Género en la Usach

En la instancia también hubo referencias a la promulgación de la Resolución Exenta N° 9011, del 10 de noviembre de 2023, que establece la Política Integral para el Abordaje de la Violencia de Género en la Usach, y que fue el resultado de la propuesta que realizó la Comisión de Género y Diversidad, un órgano pluriestamental, electo democráticamente y paritario, tras la mesa de trabajo con la Dirección de Género y que fue aprobado por la Junta Directiva.

Con respecto a la aprobación de este cuerpo normativo, el rector Dr. Rodrigo Vidal Rojas reafirmó el compromiso de la Usach con la igualdad sustantiva de las personas, agregando que: “lo que hace esta política es dar un paso más para instalar este reconocimiento de que más allá de las diferencias que podamos tener somos todos objetos de los mismos derechos”.

Esta Política "es un nuevo hito en el progresivo esfuerzo que hacemos como institución y como sociedad hacia la erradicación de toda forma de discriminación y de violencia, y se ampara en el marco de la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior", añadió.

Los resultados del estudio 

El estudio es el primero que se realiza a nivel nacional considerando a todos los estamentos, funcionariado, estudiantado y académicos, con foco específico de la comunidad LGBTIQ+. Dentro de las conclusiones se observó que quienes son más marginados son aquellas personas cuya expresión de género parece ser más percibida por el resto.

Según lo indicado por la Dra. Débora Jana, un 17% de las personas que respondieron la encuesta afirma haber sufrido algún tipo de discriminación en la Usach, mientras que un 11% asegura haber sido víctima de discriminación este último año 2023. Por otro lado, datos más favorables indican que un 85% de las personas que se declaran parte de la comunidad LGBTIQ+ de todos los estamentos afirman que sus derechos son respetados en la Universidad.

“Los números son buenos, sin embargo, aún hay personas que están sufriendo discriminación dentro de la Universidad, pero no vamos a descansar hasta terminar completamente con esas formas de violencia y discriminación”, señaló el rector Dr. Rodrigo Vidal Rojas.

El Centro de Investigación en Creatividad y Educación Superior (Cices), perteneciente a la Facultad de Ingeniería del Plantel, presentó el informe llamado “Estado del arte de la innovación en educación superior”, encabezado por la Doctoranda en Historia, Daniela Escobar  Mancilla. 

Dentro de los objetivos de la investigación, destaca levantar una definición, situada en el contexto chileno, de qué es innovación en la educación superior, especialmente en las carreras STEM -relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas- de la Facultad. 

Para el decano de esta Unidad Mayor, Dr. Cristián Vargas Riquelme, es imprescindible fomentar la innovación e investigación en ingeniería. Por ello, “este seminario, en una temática tan atingente, actual y urgente de comprender, ratifica lo importante que es para nuestra Facultad estar constantemente planteándose nuevas y mejores metodologías de enseñanza aprendizaje”.

Por su parte, José Luis Jara Valencia, director del Cices Usach, señaló que el estudio surgió de las preguntas sobre qué se entendía por innovación en esta área, además de reconocer algunas prácticas de enseñanza que estén en esa línea. 

Para ello, explicó que “hicimos un barrido de literatura, prácticas de otros centros, de otros colegas, etcétera, para encontrar finalmente una definición que pudiéramos compartir y sentir como propia de lo que es hacer innovación en educación superior, particularmente en enseñanza de la ingeniería”.  

La vicedecana de Docencia y Formación Profesional de la FING, Dra. Karina Acosta Barbosa, destacó que uno de los principales resultados fue “visibilizar todas las innovaciones que realizamos dentro de la sala de clases y que no contemplamos cómo lo hacemos. En ese sentido, también son innovaciones que pueden servir de referencia para otro colega”.

Panel de análisis

Tras la presentación de resultados, se realizó un conversatorio con la finalidad de analizar las conclusiones y datos que arrojó el estudio. En este, participaron el Dr. Mario Letelier Sotomayor, académico del Departamento de Ingeniería Mecánica, y la Dra. Lorena López Fernández, actual jefa de carrera de Pedagogía en Educación General Básica.

Para esta última, observando los resultados y conociendo el funcionamiento de nuestra universidad en el área de enseñanza y aprendizaje, ya que fue directora del Paiep, “los cambios son lentos”, pero la institución cuenta con infraestructura y programas que están a la vanguardia de lo que requieren las casas de estudios superiores en esta materia.

“Esa es la misión de la Universidad: responder a los desafíos que nos plantea la sociedad. Para eso hay que estar atentos. Entonces, debemos mejorar nuestra formación inicial del estudiantado de ingeniería del área STEM como también de las otras carreras, puesto que las (os) egresadas (os) deben ser el aporte que la sociedad requiere”, afirmó. 

Luego de cada votación, el Servicio Electoral (Servel) analiza y posteriormente presenta los principales resultados de la participación de las y los votantes. En esta ocasión, fue el turno de exponer las cifras del referéndum para aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución Política.

Los datos de la investigación, realizada por el organismo, en conjunto con el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), de la Universidad de Santiago de Chile, fueron expuestos y comentados en el “Seminario de Resultados de Participación Electoral del Plebiscito Constitucional 2022”. 

En la ocasión la Dra. Pamela Figueroa Rubio, consejera del Servicio y académica de IDEA, junto a la jefa de la Unidad de Estudios del Servel, Daniela Hormazábal Rojas, dieron cuenta de los principales resultados,  mientras que los comentarios y proyecciones, estuvieron a cargo de la investigadora del Instituto, Dra. Kathya Araujo Kakiuchi, y el director del Centro de Análisis para la Democracia, Pablo Matamoros. 

Entre los resultados más destacados, se encuentran las características de las nuevas y los nuevos electores debido al sufragio obligatorio. De acuerdo al último balance de Servel, votaron 13.029.852, de los cuales 3.097.271 pertenecen al grupo que sufragaba por primera vez. 

De este grupo, un 52% son hombres y un 48% mujeres, donde el rango etario que predomina es el de  30 a 34 años y con domicilio electoral en la Región Metropolitana.  En esta, las comunas con mayor participación fueron María Pinto (93,8%) y Padre Hurtado (93,2%), en el otro extremo se encuentran Estación Central (77,67) y San Miguel (78,4%).

Cabe recordar que en esta oportunidad el proceso eleccionario tuvo la particularidad de sumar tres leyes para su regulación: la que establece el carácter obligatorio del voto; que asigna el local de votación por georreferencia y, por último, la que otorga sufragio a personas privadas de libertad. 

Desafíos

Tras su participación en el seminario, la Dra. Pamela Figueroa sostuvo que los resultados abren la posibilidad a nuevas preguntas referentes a cómo el voto obligatorio está atrayendo a nuevas y nuevos electores, la importancia de saber quiénes son, cómo se acercan a la política. “Creo que esas son una de las principales conclusiones del seminario que hemos tenido, y que implica desafíos, como son aumentar la participación electoral, que siempre es un objetivo, pero también para la democracia, en el sentido de formar e informar a este grupo de personas”, explicó.

Por su parte, la investigadora del Instituto de Estudios Avanzados, Dra. Kathya Araujo, cree que el aumento de la participación debido al voto obligatorio debe ser analizado con cautela, puesto que puede estar escondiendo otros factores que estén siendo una “cortina de los procesos que siguen dándose atrás de esos datos”.

Por ello, remarcó que “el voto obligatorio sin un cambio de perspectiva respecto a la información, es problemático, ya que esta es compleja en las formas y en el acceso a ella. A veces uno piensa que el camino para ir avanzando es en tecnología o en otras materias, pero nos olvidamos que las personas no tienen una formación política o ciudadana básica que les permita entender por y para qué están votando. El voto obligatorio debe ir en coherencia con la información y la población a la que se entrega”.

A juicio de la Dra. Patricia Pallavicini Magnere, vicerrectora de Vinculación con el Medio del Plantel, es importante que nuestra Casa de Estudios genere estas instancias, puesto que “somos una universidad estatal y, como tal, debemos contribuir al fortalecimiento de la democracia. Entonces, para cumplir con esa misión necesitamos mirar reflexivamente cómo se está desarrollando el proceso electoral, en particular, teniendo a la vista la envergadura de las últimas votaciones”. 

Sobre los resultados, el presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle Domínguez, señaló que los datos entregados por el estudio tienen una gran utilidad para las diversas disciplinas que abordan estas temáticas, “puesto que vienen con el cambio en el voto obligatorio y este gran incremento de más de tres millones que nos permitió llegar a un poco más de trece millones de votantes (13.029.852 personas sufragaron). Además, está la novedad de la georreferenciación que afectaba a un 60% de este padrón”. 

Más detalles del Estudio sobre Participación Electoral del Plebiscito Constitucional 2022, AQUÍ.

En el mes de enero un equipo de investigación de nuestro Plantel liderado por la Dra. Lucía Dammert, académica de la Facultad de Humanidades, dio a conocer los resultados de un estudio sobre el estado del comercio ambulante bajo el periodo de estallido social.

Ahora en pleno desarrollo de crisis sanitaria por Coronavirus y con la dificultad obvia de levantar información en terreno, la investigadora entregó su visión sobre la actualidad de este fenómeno en las calles.

Dra. Dammert, el estudio sobre comercio ambulante en época de estallido social señaló que éste se justificaba como un “mecanismo de sobrevivencia”. Ante la crisis sanitaria que hoy vivimos, ¿qué se mantiene de ese proceso y qué observa que ha cambiado?

-Una de las cosas que debo reconocer es que en este estado de cuarentena ha sido muy difícil salir a hacer relevamiento en terreno. Todo lo que estamos proyectando reside en el análisis que hemos hecho hablando con especialistas y con gente que está en los territorios.

En este sentido, efectivamente con la crisis social que viene de la mano con la situación de pandemia, lo que vamos a ver es un incremento del comercio informal, un probable aumento post-pandemia de ferias -no necesariamente legales-, un aumento del fenómeno de los coleros y eso puede traer una serie de problemas de administración, gestión, incluso violencia al interior. Ese es uno de los fenómenos que vale la pena comenzar a observar.

El estudio de enero mostró que el comercio ambulante creció debido a la baja fiscalización por el estallido social. Hoy, si bien hay restricciones de movilización y desplazamiento  sigue observándose en las calles. En este sentido ¿existe mayor fiscalización hacia este tipo de comercio o es solo la cuarentena la que  los mantiene al margen y son los ambulantes lo que deben quebrar la norma para seguir utilizando el espacio público?

-Si bien hoy existe una mayor fiscalización de Carabineros, también hay que decir que este tipo de fiscalización de las ventas callejeras es muy compleja, porque hay un movimiento, una mudanza, un traslado permanente de los vendedores. Ellos se concentran donde hay gente y por supuesto llegan las Fuerzas de Orden y deben desplazarse para otras zonas, esto genera que Carabineros en general tienda a tener operativos más específicos y después “dejar ser”. Ante este periodo de pandemia, lo que sí creo que puede pasar es un incremento de las investigaciones policiales que traten de vincular de forma más organizada este tipo de venta, entonces ya no solo será ir detrás del que corre vendiendo carteras o chocolates, sino que mirar donde están los centros de distribución de estos productos.
 
¿Qué factores exclusivos se podrían observar por el alza del comercio ambulante en época de pandemia?

En época de pandemia y postpandemia se espera que aumente considerablemente el comercio ambulante, esto producto de que mucha gente está quedando desempleada y que ven como única solución de conseguir financiamiento el salir a vender a la calle. Segundo, porque hay centros de distribución que pueden estar cediendo productos a estos vendedores en las calles, en vez de entregando a las tiendas más formales. Tercero, porque es una forma rápida, sencilla y “no engorrosa” de generar un tipo de ingreso. Cuarto, porque  producto de esta crisis, mucha gente va preferir comprar un poco más “barato” y esa oferta la encontrará en la calle.

¿Qué soluciones se podrían recoger para intentar ayudar a estas personas que viven del comercio en la vía pública?

Creo que efectivamente debemos hacernos cargo que la crisis económica viene y se va a instalar por un tiempo muy largo. Una de las soluciones para muchos que quedarán sin empleo y que perderán niveles de ingreso va ser el comercio ambulante. En este sentido, creo que la peor solución es criminalizar esta situación, más bien hay que reconocerlo como una consecuencia de un fenómeno bien particular y buscar mecanismos de prevención  para estos escenarios.

Una cosa es el comercio ambulante que no requiere un permiso sanitario y otra es un comercio ambulante de comida, por ejemplo,  en donde podrían detectarse focos de transmisión de todo tipo de enfermedades – no solamente Coronavirus-. Uno de los mecanismos o políticas  que deberían buscar las alcaldías y el Gobierno es como potenciar las asociaciones, cooperativas y los mecanismos de intercambio. Me parece imposible pensar que la ciudadanía vaya a estar sentada en su casa esperando un trabajo formal, si es que la crisis económica es del nivel del que se está hablando, sobre todo si no hay capacidad del Estado para proteger a los trabajadores que se van a quedar sin empleo. Creo que lo hay que hacer es buscar mecanismos para generar espacios de colaboración y no de competencia, porque se hace muy difícil pensar en una economía sin comercio informal, dado que los estudios demuestran que habrían casi tres millones de personas que efectivamente antes de la pandemia estaban en ese tipo de mercado.

Hace un tiempo se viene hablando de la “amenaza” del comercio ambulante por internet y la posibilidad de normalizarlo. ¿Cuál es su opinión pensando que es un mercado atractivo para quien ha quedado desempleado en esta pandemia?

-La venta por Internet tiene un factor generacional y puede que a muchos les sorprenda, pero hay un mundo juvenil que hace mucho tiempo está comprando e intercambiando productos a través de esta herramienta. Esto es lo que viene y luchar contra este tipo de desarrollo es imposible. Me da la impresión que efectivamente la pandemia ha aumentado este mercado y se nota por ejemplo, en el crecida de casi 900% de la venta de alcohol por Internet. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿hasta qué punto uno puede hacer que estas ventas cumplan con los registros sanitarios, paguen impuestos y más? creo que este es uno de los mayores desafíos y para ello se necesitan herramientas de big data; se requiere de un Estado mucho más sólido en términos de captación de información, pero es imposible pensar que esto se va poder hacer al 100%. Hoy día muchos jóvenes están en Instagram y desde ahí y otras redes sociales logran vender y comprar por lo que hay que ajustarse a los cambios que nos presentan los nuevos tiempos.

El centro de estudios Espacio Público aseguró, en informe sobre la evolución del coronavirus en Chile, que la tasa de contagiosen la Región Metropolitana ha disminuido en la última semana. Sin embargo, reveló que los casos han aumentado en las regiones. Principalmente, en Antofagasta.

Santiago: no confiarse

El infectólogo y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, Francisco Zamora, concordó en que se observa un menor colapso en los servicios de urgencia de la capital, así como una disminución en la sobredemanda de pacientes, lo que ha permitido el ingreso de más personas que no padecen COVID-19.

A su juicio, esto se debe al periodo de confinamiento completo en la RM. “Tuvimos ocho semanas de sobresaturación de los hospitales, donde se aguantó como se pudo”, señaló. Sin embargo, advirtió que “es pronto para decir que ya estamos libres del COVID-19”.

Para el académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Usach, mientras no exista una vacuna para el virus, la probabilidad de que se produzcan rebrotes es alta. Por eso, emplaza al Ministerio de Salud a realizar cuatro tareas que, a su juicio, son fundamentales en esta etapa.

“Lo primero es diagnosticar, yendo hacia la población, al interior de las comunas. Los Cesfam son los que mejor saben cómo hacer este trabajo. Luego, aislar. Después, apuntar a la trazabilidad, estudiando los contactos para controlar los contagios y los nuevos brotes que surjan, evitando que se expandan. Finalmente, decretar cuarentenas”, explicó.

El experto en políticas públicas en el área de la salud y académico del Magíster en Salud Pública de la U. de Santiago, Tito Pizarro, insistió en que se debe ser cauteloso con estas cifras aparentemente favorables, ya que aún se observa una fuerte concentración de pacientes en la Región Metropolitana.

“Hay que seguir manteniendo el rigor en los planes y políticas que se han implementado en la RM. Seguimos teniendo una gran cantidad de pacientes y una gran mortalidad”, advirtió. “Es alentador lo que se plantea, pero aún es pronto para decir que está disminuyendo”, enfatizó.

El vicedecano de Docencia y Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la Usach sugirió fortalecer la red de municipios en Santiago, a fin de que sean los ayuntamientos quienes provean mecanismos que den más certeza a sus vecinos, con el fin de lograr que estos se mantengan en sus casas durante el periodo de confinamiento.

Regiones: decretar cuarentenas

Respecto a las regiones, Zamora llamó a decretar cuarentenas en el momento en que comienza a advertirse que la trazabilidad se está perdiendo. “Tenemos que aprender de nuestros errores. El principal error del sistema fue perder la trazabilidad y, por eso, terminamos navegando a ciegas”, afirmó.

El especialista llamó a reforzar los equipos de epidemiología de las distintas Secretarías Regionales del Ministerio de Salud (Seremis). “Ellos deben ser los encargados del seguimiento de la trazabilidad de los pacientes que se vayan contagiando. Por lo tanto, es muy importante que existan más funcionarios trabajando en ello, vigilando por lo menos este y el próximo año”, puntualizó.

Pizarro concordó en que las cuarentenas deben decretarse de manera “precoz”, a fin de aislar tempranamente a las personas que contagian. “El aislamiento evita que aumente el brote epidémico. La cuarentena es útil solo cuando uno tiene la capacidad de identificar a las personas que lo necesitan, lo que es la clave del éxito”, afirmó.

Finalmente, el médico cirujano consideró necesario rediseñar el plan sanitario, reforzando el seguimiento de los casos y otorgando las condiciones para realizar un aislamiento seguro, proveyendo apoyo económico y social a las personas. “Si no está eso asegurado, es muy difícil que las cuarentenas funcionen”, advirtió.

“En Chile, hay una gran cantidad de población con problemas de habitabilidad, alimentación e inseguridad en el trabajo. El Estado debe proveer certidumbre en este periodo”, subrayó. “Hay que mantener las cuarentenas decretadas, extenderlas a otros puntos del país y seguir haciendo un testeo masivo, para aislar los casos positivos”, sintetizó.

Una serie de medidas para modificar el funcionamiento de Santiago, una vez que termine la pandemia del Coronavirus, es lo que propone el estudio ‘Ciudades Post Covid-19’, del ingeniero civil en geografía y académico de la Universidad de Santiago, Francisco Morales-Peña.

La investigación asegura que, tras la pandemia, “los hábitos y costumbres de un alto porcentaje de la población del mundo cambiarán”. Por lo tanto, afirmó que “el desafío ahora es repensar el diseño de las ciudades”, de manera que la experiencia del COVID-19 inste a “tomar decisiones que se habían postergado”.

Centros de Trabajo Intercomunal (CTI)

De acuerdo al trabajo de Morales-Peña, una de las dificultades para las personas tras la pandemia será ir a trabajar o estudiar sin provocar un incremento sustantivo en la movilidad, ya que los contagios no cesarán de un día para otro. Por lo tanto, el ingeniero propone establecer cuatro “macro comunas”: norte, sur, poniente y oriente.

El objetivo es que cada zona establezca un punto de encuentro. “En cada Centro de Trabajo Intercomunal (CTI), los habitantes deben poder acceder a trabajar y/o estudiar de manera remota en un lugar de fácil acceso y con un funcionamiento 24/7, disminuyendo tanto en extensión como duración los viajes al trabajo o estudio”, explica el documento.

El académico sostuvo que estos centros deberían financiarse a través de una alianza público-privada, con la participación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el Fondo Común Municipal, empresas y organizaciones sociales representativas de la comunidad.

Nuevas jornadas

Otra de las necesidades que detecta el estudio es establecer horarios diferenciados de ingresos tanto para trabajar como para estudiar, a fin de evitar aglomeraciones en las horas punta.

“En el ámbito laboral, se puede establecer un horario ‘obligatorio’donde todos los trabajadores deben estar presentes. Por ejemplo, de 11.00 a 16.00 h”, indica. Sin embargo, sostiene que el ingreso y salida debiera “resultar de un diálogo” con los empleadores, a fin de cumplir con las horas consignadas en los contratos.

Una modificación similar debiera regir para los estudios escolares y universitarios. “Por ejemplo, la educación básica podría ingresar a las 8.00 y la educación media, a las 10.00”. En el ámbito universitario, propone que cada Universidad establezca“bloques de clases ‘on line’ en las mañanas y presenciales en las tardes o viceversa”.

En cuanto al comercio, estima que malls y supermercados reduzcan sus horarios,“posibilitando a cada rubro definir y diferenciar sus horarios. Por ejemplo, los bancos en las mañanas, mientras que los centros comerciales y supermercados en las tardes”, afirmó Morales-Peña.

“En países como Israel y España ya hay empresas que han incorporado cambios en su jornada laboral, con 4 días de trabajo presencial y 10 días de teletrabajo. Algo similar ha propuesto la Primera Ministra de Nueva Zelandia, pero con un énfasis en reactivar la economía local”, compara la investigación.

“En Gran Bretaña, se ha propuesto dividir las semanas en turnos laborales de tres días, con grupos A (lunes a miércoles) y grupos B (de jueves a sábado), lo que ya se ha aplicado en algunos sectores económicos de Corea del Sur”, agregó. Respecto a la educación, advirtió que “Austria aplicó en sus colegios clases de 5 días cada dos semanas”.

Transporte público y privado

En tercer lugar, el estudio señala que se debe avanzar hacia una “movilidad sustentable”, con el fin de disminuir tanto las aglomeraciones como la extensión y duración de los viajes al interior de la capital,“propiciando viajes a los subcentros o pluricentros de las ciudades”.

Así, emplaza a construir a la brevedad tanto la nueva Línea 7 del Metro como la 8 y la 9, además de la extensión de la Línea 4, para que los habitantes de Santiago“puedan tener mejores condiciones de traslado”, descongestionando de esta manera la Línea 1.

En cuanto al transporte privado, el estudio aconseja establecer la aplicación de un pago por ingresar al centro de la ciudad,“con el fin de restringir el uso del automóvil particular en zonas de alta congestión”.Concluye que deben aumentarse las ciclovías,para dar una alternativa a lo señalado anteriormente.