Sin duda, la seguridad y su percepción en el país cambiaron. Tanto medios de comunicación como líderes políticos acuñaron el término “crisis” para referirse a los niveles de delincuencia y violencia que hay actualmente en Chile.
Según cifras del informe anual del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la suma de las denuncias y detenciones flagrantes, presentó un crecimiento en el país de 44,6% respecto a 2021.
Según explica el profesor Jorge Araya Moya, académico del Departamento de Estudios Políticos (DEP) de la Universidad de Santiago de Chile, “entendemos por seguridad las condiciones necesarias ambientales, sociales, que tienen que haber en una sociedad para que las personas ejerzan sus derechos, sus libertades en plenitud y puedan efectivamente desarrollar una vida y desarrollarse plenamente”.
Mauricio Olavarría Gambi, director del DEP, complementa que “la seguridad del país tiene una dimensión múltiple, sin duda la más conocida y la más recurrida en los medios de comunicación tiene que ver con la delincuencia, pero también hay otros aspectos que son importantes: la seguridad alimentaria, la seguridad en términos de poder tener los medios de vida necesarios para los ciudadanos, a eso normalmente se habla de seguridad humana, que ciertamente incluye todos estos otros aspectos también, vivir en un ambiente libre de violencia forma parte de la idea de seguridad humana”.
Tradicionalmente, Chile se consideraba uno de los países más seguros de Latinoamérica. Tan solo hace 15 o 20 años disputabamos con Costa Rica y Uruguay el título del país más tranquilo, con menores delitos y violencia. En cambio, ahora, se percibe que los índices de criminalidad y , especialmente homicidio y delitos violentos, han ido al alza.
Al respecto, el profesor Araya señala que “la nación está enfrentando un desafío muy grande, porque las instituciones del Estado históricamente no le dieron la importancia que el tema requería, precisamente este discurso de que Chile era un uno de los países más seguros de Latinoamérica hizo que distintos gobiernos postergaran o minimizaran el asunto, apostando más bien los recursos hacia otras áreas de las políticas públicas y este tema fue quedando desplazado con poca inversión y, por lo tanto, nos pilla ahora en una situación de criminalidad que ha aumentado gravemente”.
En referencia a lo anterior, Gloria Baigorrotegui, académica asociada del Instituto de Estudios Avanzados, indica que “el rol del Estado, la sociedad civil y todas las organizaciones, es tener claro que la percepción de la seguridad es importante y es una construcción social”.La investigadora señala que esto debe incidir para que coexistan distintos tipos de configuraciones de seguridad y no predomine un solo concepto.
Seguridad y la Usach
Las y los académicos integrantes del Departamento de Estudios Políticos, según explica el Dr. Olavarría, “hemos estado haciendo investigaciones en cárceles; antes las hicimos sobre los costos económicos del delito en Chile, que corresponde a un 2.44% del PIB, lo que no es poco”.
Con el objetivo de generar un perfil delincuencial a nivel nacional, dicho departamento realizó 66 entrevistas a personal de Gendarmería y a 272 reclusos, de lo que se concluyó que en ese ambiente existe una percepción distinta a la que tiene el resto de la ciudadanía, por ejemplo, dividen entre “giles” (trabajadores) y “vivos”.
Un segundo elemento que surge de este perfil es que hay mayor reincidencia delictiva en personas que tienen entre 18 y 35 años. Además, han observado la relación entre el tráfico de drogas y los delitos, asimismo con la migración irregular, “ahora en el norte, particularmente, hay una asociación también a la migración. En Arica, cerca del 44% de las personas que están condenadas son extranjeras, un número también bastante significativo lo es en la cárcel de Alto Hospicio (Iquique) y también en la ciudad de Antofagasta”, explica Mauricio Olavarría.
El análisis de distintas variables permite ir buscando soluciones a un problema con tantas hebras. Centros de conocimiento como nuestra casa de estudios superiores están llamados a entregar información que permita el desarrollo de iniciativas adecuadas.
Jorge Araya concluye que “la Universidad de Santiago tiene una gran oportunidad, porque hay acá un cuerpo académico preparado y de muy buen nivel; es un de los planteles de más prestigio a nivel nacional y tiene a las y los profesionales adecuados para, por ejemplo, fijar rumbo en materia de políticas públicas, de prevención y de reforma al sistema de justicia criminal, por lo tanto, creo que ahí hay mucha investigación que se pueden hacer, hay mucho acompañamiento que se puede hacer a las instituciones del Estado y a los municipios”.
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