• La especialista en seguridad pública de la Universidad, Lucía Dammert, descarta que la solución deba enfocarse en la criminalización. “En la actualidad, se  detiene a una enorme cantidad de gente en movilizaciones que después no son encontradas culpables de ningún hecho delictivo”, criticó.

Diputados de diversos sectores presentaron la semana pasada un proyecto de ley que busca aplicar multas a manifestantes por el hecho de cubrir su rostro durante movilizaciones. El objetivo de la iniciativa, que también permite la detención inmediata de estas personas, es entregar mayores facultades a Carabineros a fin de combatir la violencia que generan estos grupos durante las marchas.

Para la experta en seguridad ciudadana del plantel, Lucía Dammert, “este proyecto no aporta significativamente en hacer ni más efectiva ni más ágil la persecución policial de este tipo de grupos”.

La académica explica que "las leyes no generan más seguridad, sino marcos que permiten que las instituciones se desarrollen, y las capacidades de acción policial ya son bastante amplias y reguladas".

La especialista reconoce que la propuesta de ley presentada por los parlamentarios responde a la necesidad de enfrentar un problema, hasta ahora, sin solución. No obstante, afirma que “más que mirar cómo hacer para detener más gente, los parlamentarios debieran avanzar en solicitar información respecto de cuántos de aquellos detenidos son efectivamente imputados por algún tipo de causa”.

Dammert hace hincapié en que todas las acciones contra la libertad de las personas, sus derechos y propiedades deben ser limitadas y castigadas. “Sin embargo, ese castigo no va a ser más efectivo porque pasamos a una ley que permite a Carabineros detener a cualquier persona por porte de una capucha. En la actualidad, la institución ya detiene a una enorme cantidad de jóvenes durante manifestaciones y hechos de violencia, y ello parece no estar dando los resultados que se espera”.

La experta recuerda que la discusión por mayores facultades para que las policías actúen frente a violentistas ya se dio en 2013, en el marco del debate por la Ley de Resguardo del Orden Público, más conocida como ‘Ley Hinzpeter’. “Resucitan una propuesta que ya había sido ampliamente debatida, pero dudo que finalmente prospere", critica.

Conversación política previa y mayores niveles de inteligencia

"La forma de resolver ese tipo de situaciones no es criminalizar el hecho sino, más bien, lograr que los organizadores de las marchas, el Gobierno y las Policías permitan que se desarrollen de forma tal que todos aquellos que vayan a cometer actos de violencia, vandalismo, robos, etcétera, queden fuera del proceso", sostiene la académica.

Por ello, indica que el énfasis de propuestas para combatir a violentistas debiera estar en dos factores. Primero, que la autoridad contemple un espacio de conversación política entre ellos y los actores u organizadores de este tipo de marchas. “Ello aportaría a generar un proceso mucho más cuidado y acompañado”, señala. 

En segundo lugar, “deben procurarse acciones policiales basadas en mayores niveles de inteligencia, que permitan identificar a quienes cometen ese tipo de hechos, y juntar la información necesaria para que la detención pueda ser continuada por un proceso judicial”, afirma.

"En cualquier parte del mundo, la lucha contra este tipo de grupos que se esconden en las masas para desarrollar actos vandálicos consta de estrategias muy complejas, justamente porque son personas que no tienen un objetivo patrimonial o específico sino, más bien, de desorden público. En ese marco de dificultades internacionales, en otros países justamente se ha evidenciado que más que ir por leyes ad hoc para atacar la problemática específica, lo que se requiere son procesos previos para hacer que el funcionamiento de las instituciones sea mucho más efectivo”, concluye.

• El docente de la Fahu, Jorge Araya Moya, sostiene que Carabineros debe mejorar las medidas y dispositivos que tiene para contrarrestar de forma efectiva estos incidentes que atentan contra el orden público.

“Claramente era algo esperable, que todo el mundo sabe que sucede los 21 de mayo en Valparaíso, tal como en las marchas que hay en Santiago, donde  grupos de encapuchados que adhieren a éstas, provocan desórdenes, daños y ataques de diverso tipo”, expresa el docente de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad, Jorge Araya Moya, respecto de los hechos de violencia desatados durante la cuenta pública de la Presidenta Bachelet que el sábado (21) último, cobraron la vida del guardia municipal Eduardo Lara.

La opinión del académico, se enmarca en una serie de cuestionamientos de los que ha sido objeto Carabineros.

Por ejemplo, la diputada comunista, Camila Vallejos, sostuvo que se deben revisar sus protocolos de acción, con el fin de evitar los niveles de violencia desatados en el puerto.

En ese sentido, Jorge Araya estima que, efectivamente, la policía debe perfeccionar su labor de inteligencia y sus tácticas policiales operativas. Sin embargo -advierte- ello conlleva un gran desafío por delante, dada las características particulares que engloban, las manifestaciones multitudinarias.

En ese contexto, el experto enfatiza que, por ejemplo, la inclusión de efectivos dentro de las protestas, podría ser contraproducente para los fines que busca. “Lo más probable es que los que están marchando, lo sientan como una provocación y pueda generar un conflicto de  mucha mayor gravedad”, explica.

Hay herramientas

Tras los desmanes del sábado pasado, desde el mundo político hubo voces que apuntaron a que se deben proporcionar más mecanismos a Carabineros, para prevenir y controlar hechos de esta naturaleza.

Por ejemplo, la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, afirmó que se debe “dotar a la institución de todas las herramientas legales que le permitan desarrollar su labor”.

Otros fueron más allá, como el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edward, quien pidió al Gobierno, tomar en cuenta una ley “antiencapuchados”, “que haga más fácil a los carabineros poder tomar detenidos a los encapuchados e interrogarlos”.

Contrastando esas posiciones, Jorge Araya explica que, en estricto rigor, los uniformados sí tienen herramientas suficientes para hacer su trabajo, como el control de identidad y el uso de personal de civil para ciertos procedimientos.

Pese a ello, “no descarto esta iniciativa que han presentado algunos parlamentarios, de poder controlar a  la gente que anda encapuchada, siempre que sea en determinados contextos”, clarifica.

“No pienso que sea válido prohibir que alguien se cubra el rostro en cualquier momento o circunstancia. Si es en el marco de una marcha, donde es esperable que se produzcan incidentes, creo que ahí se les podría facultar de una autorización explícita a Carabineros para poder detener o exigir el control de identidad a quienes estén encapuchados”, complementa.

Establecer un criterio claro

El investigador expresa que puede haber muchas propuestas, sin embargo si no se establece una pauta de discernimiento claro, no servirán de nada.

“Aún con esas herramientas, nada está garantizado si no incluyen los parámetros de cuándo intervenir, para no provocar un conflicto mayor”, explica.

En esa línea, el especialista propone una ley que reemplace el reglamento interno que rige, actualmente el proceder de Carabineros,  tal como en Uruguay, la  que permite determinar con claridad las potestades y marcos de acción de la policía uniformada.

“Lo valioso de eso, es que permite que la sociedad en su conjunto y sus representantes, los parlamentarios, conozcan cuáles son esos criterios y puedan colocar las normas, los límites y atribuciones necesarias para que (Carabineros) actúe con eficacia”, concluye el experto en seguridad ciudadana.

• “Podrían originarse situaciones de discriminación bien conflictivas”, expresa el sociólogo y académico del IDEA de nuestra Universidad, Dr. Cristián Parker Gumucio, ante la casi segura aprobación de la agenda antidelincuencia en el Congreso.

Ayer miércoles, en su último trámite, el Senado aprobó la agenda corta antidelincuencia, que ha sido modificada debido a las numerosas críticas referidas al aumento de facultades a Carabineros.

Una de esas voces públicas es la del sociólogo y académico del Instituto de Estudios Avanzados de nuestra Universidad, Dr. Cristián Parker Gumucio, quien expresa que este control preventivo establece condiciones no necesariamente de mayor seguridad para las personas y que podría suponer arbitrariedades desde la policía.

“Esta norma genera una situación en la cual se puede incurrir en arbitrariedades porque el control preventivo va a funcionar sobre la base de la apreciación que tiene la policía respecto a la conducta de ciertas personas, y nosotros sabemos que muchas veces esa apreciación está cargada de prejuicios”, enfatiza.

Escenarios de discriminación

El académico advierte que sin duda habrá escenarios de discriminación. “Creo que sí podría originar situaciones de discriminación bien conflictivas; no me cabe duda que hay ciertos grupos que van a ser desfavorecidos, grupos que no sabemos si, efectivamente va a haber o no van a haber causas y mérito. Me refiero a emigrantes o gente de origen indígena o gente de sectores poblacionales, por ejemplo”, enfatiza.

Complementa que, “entonces, no me parece que sea la medida más adecuada para enfrentar el problema de delincuencia generalizado que se experimenta en el país”.

Acota que la represión discriminatoria se supone sobre la base de abusos, “porque el abuso no es solamente directo o físico, puede ser también un abuso psicológico; es decir, cuando se detiene a alguien sobre la base de un prejuicio, se está abusando de la autoridad, y en cambio, cuando se detiene a alguien sobre la base de cierta presunción fundada, se está utilizando la autoridad y no se está abusando”.

“Va a haber ciertos grupos a los que se les controlará más la identidad que a otros. A una persona con cuello y corbata que va por la calle, lo más probable es que no se le controle. Si va un joven con barba y con el pelo largo, lo más probable es que se le controle la identidad”, puntualiza.

Empoderamiento policial

El experto recalca que el fin de controlar la identidad preventivamente es evitar delitos, sin embargo “sabemos que existen hoy día en la legislación, mecanismos que posibilitan controles de identidad, entonces, más bien me parece que es una medida para satisfacer una cierta necesidad que tiene la policía de sentirse más empoderada frente a una situación donde, por la política de respeto a los Derechos Humanos, ha significado que los policías se sientan con menos autoridad sobre las personas. No me parece que sea la medida más adecuada para enfrentar el problema generalizado de delincuencia”.

En todo caso, descarta que se repitan actitudes de la policía similares a las ocurridas en la dictadura. “No creo que volvamos a una situación como la de la dictadura porque hay otras condiciones; hay un Estado de Derecho, hay una mayor preocupación de la ciudadanía en general respecto a cuál es la conducta represiva, y por otro lado, también hay una mayor conciencia respecto a los Derechos Humanos”, subraya.

Soluciones

En tanto, el experto explica que es posible recurrir a otros mecanismos para solucionar el problema de la delincuencia.

“Creo que tienen que buscarse otros mecanismos vía la organización misma, a lo mejor de la propia sociedad civil, de los vecinos, mayor control social, pero no dejar esto exclusivamente en manos de la policía porque puede tenderse a una situación de represión discriminatoria”, destaca.

En ese sentido, el Dr. Parker afirma que de hecho, “en algunas partes ya se ha iniciado un procedimiento a través del cual hay mayor participación ciudadana en temas de seguridad colectiva, por ejemplo”.

Aunque faltan etapas, el control preventivo de identidad se modificó en lo que dice relación con los menores de edad, quienes continuarán rigiéndose por la actual norma. También, se incorporarán dispositivos electrónicos que permitan la identificación en la vía pública, eliminándose la retención en recintos policiales, salvo excepciones.

• El académico de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Ignacio Gutiérrez, explica que las modificaciones de horario alteran los llamados ciclos ‘circadianos’; puntualmente, los periodos asociados al sueño y vigilia. Añade el médico que “los cambios de hora son nocivos para las personas”, por lo que no es recomendable estar modificándolos muy seguido ya que pueden alterar algunas funciones fisiológicas.

La medianoche de este sábado 14 de mayo se dará inicio al horario de invierno que regirá durante los próximos tres meses, poniendo fin al horario único que se aplicó durante todo 2015. 

Por lo tanto, se tendrán que ajustar sus relojes, atrasándolos en una hora, lo que supondrá que el amanecer sea más temprano y que la tarde oscurezca más pronto. Vale decir, cuando sean las 00:00 horas del domingo 15 hay que volver a las 23:00 horas del sábado 14. 

Al respecto, el neurólogo y académico de la Facultad de Ciencias Médicas, Ignacio Gutiérrez, expresa que los cambios de horario alteran los llamados ciclos ‘circadianos’. Puntualmente, los periodos asociados al sueño y vigilia. 

“Se podría decir que los cambios de hora son dañinos para la salud”, afirma el especialista. “Personalmente, considero que no es recomendable estar cambiando constantemente los horarios, porque puede alterar algunas funciones fisiológicas”, agrega. 

El experto reconoce que cuando el cambio de horario se realiza una sola vez en el año, la población no se expone a mayores repercusiones en la salud, ya que las personas poseen mecanismos de adaptación. No obstante, advirtió que si esto provoca que los ciclos de sueño se vuelvan irregulares, “sí podemos vernos en una situación de mayor riesgo”. 

“El ser humano está acostumbrado a mantener ciclos de sueño y vigilia constantes y parejos. Generar cambios puede producir algunas alteraciones, como somnolencia diurna o hipersomnia”, destaca.

Además, Gutiérrez afirma que la percepción de un menor periodo de luminosidad en el día también podría repercutir en el ánimo de las personas. “Desde el punto de vista neurológico, acortar los periodos de luz sí puede incidir en la actividad biológica. Hay trastornos anímicos que se pueden provocar con estos cambios”, expresa. 

Recomendaciones 

El doctor Gutiérrez afirma que para anticiparse a posibles efectos por el cambio de hora, se deben adelantar todas las actividades rutinarias en función de la modificación horaria. Específicamente, organizar la alimentación, la actividad al aire libre y, en general, “alterar el resto de los ciclos para que no se generen mayores repercusiones”. 

“Lo mejor sería que empecemos a adelantar todas las actividades. También, disminuir las horas de siesta. Además, podemos adaptarnos de manera artificial a los cambios de luz”, señala, en alusión a encender más temprano las luces del hogar. 

“Un cambio de horario al año no afecta la salud. Sí puede que haya unas molestias, como insomnio, pero eso tiene procesos de adaptación. Si esto se prolonga por más de dos semanas, yo recomendaría que consultaran a un especialista, para poder ordenar los ciclos de sueño y vigilia, y ver que no estén alteradas otras funciones asociadas”, recomienda. 

Puntualiza que en un adulto saludable, las repercusiones del cambio de hora no debiesen prolongarse por más de una semana, y que en los niños y adultos mayores este proceso podría demorar un poco más. 

Hábitos de estudio 

El psicólogo y doctor en ciencias de la educación de nuestra casa de estudios, Mario Morales, desestima que el cambio de hora provocase mayores impactos en los hábitos de estudio de los niños. 

No obstante, para prevenir eventuales efectos, explica que “lo primero es identificar el mejor momento en que los niños pueden concentrarse. Lo segundo es ver cuál es el nivel de exigencia en los colegios”. Esto último, en relación a distribuir mejor el tiempo de luz natural entre tareas escolares y distracción. 

“Hay colegios muy exigentes, que mandan mucha tarea, muy compleja, y cuando el niño termina, ya es de noche y tiene que acostarse”, ejemplifica el director de la Escuela de Psicología. 

Fundamental es que los padres identifiquen el mejor momento en que el niño se desempeña, afirma. “¿Cuál es el mejor momento? Tiene que ver con las características biológicas del niño, donde él se encuentra con mayores estados de alerta. Es necesario que los padres puedan desarrollar un horario de estudio con un conocimiento acabado sobre esto”, explica. 

Además, el especialista recomienda “acostarse más temprano porque son días más cortos y oscurece más temprano. Hay que ir adecuando el horario al ritmo que tiene el niño, para poder hacer las tareas y responder a la exigencia académica”. 

Finalmente, apunta a la planificación; vale decir, “ir preparando al niño para que vaya cumpliendo progresivamente, hasta adecuarse al horario de invierno”.

• La experta Lucía Dammert Guardia está en desacuerdo con el fundamento de la Corte Suprema que validó el acuerdo de la Corte de Apelaciones en orden a otorgar la libertad condicional a más de mil 600 prisioneros, con el fin de disminuir la sobrepoblación en los recintos penitenciarios. 

La experta Lucía Dammert Guardia está en desacuerdo con el fundamento de la Corte Suprema que validó el acuerdo de la Corte de Apelaciones en orden a otorgar la libertad condicional a más de mil 600 prisioneros, con el fin de disminuir la sobrepoblación en los recintos penitenciarios.

“Uno es el problema del hacinamiento y otra cosa diferente es lo que está pasando en los últimos días de las libertades condicionales. Son dos cosas diferentes. Y hay que tener cuidado de vincularlos porque las libertades condicionales se dan porque la ley permite un procedimiento para aquellos que cumplen con ciertos mecanismos accedan a la libertad condicional”, puntualiza la académica.

Agrega que “no es que se acceda a la libertad condicional porque hay hacinamiento. Decir eso es como asegurar que los jueces no dan sentencias condenatorias con cárcel por preocupación de hacinamiento”.

“Las salidas mensuales de personas privadas de libertad que tienen acceso a libertad condicional son altas hace mucho tiempo”, complementa.

Enfatiza que no se trata de estar de acuerdo o no. “Dado que es lo que dice la ley, hay que cumplir con ella. Ahora, yo creo que hay que revisar el proceso legal; es decir, la ley hay que modernizarla, pero hay que tomar en cuenta que el gran pendiente es la carencia de programas de inserción pos penitenciaria. Ese es el punto”.

Precisa que no es relevante si los reos salen de la cárcel antes o después de cumplir su sentencia, sino que “lo importante es a dónde salen y cómo los reciben, porque que estén diez o cinco años para después salir y quedar en la calle, en ninguno de los dos casos es una medida muy eficiente”.

Sistema carcelario colapsado

“Lo que está claro es que el sistema carcelario está colapsado; está en números rojos en términos de las capacidades verdaderas de una habitabilidad digna”, recalca.

Enfatiza que “introducir más gente a la cárcel sin programas reales de reinserción o rehabilitación es una apuesta muy negativa. Y lo que hay que buscar entonces son los mecanismos para aumentar la disponibilidad de plazas, por un lado, y después modernizar aquellos programas de rehabilitación y reinserción penitenciaria y pos penitenciaria que puedan asegurar que la menor cantidad de gente reincida”.

“Hay que reconocer que la cárcel no es una solución sino que muchas veces, como lo estamos viendo ahora, es un agravamiento al problema”, señala.

Respecto a la ampliación del sistema carcelario, la académica recuerda que “desde el gobierno del Presidente Lagos se han desarrollado programas al respecto. Evidentemente el gobierno de Chile a través del Ministerio de Justicia tiene que seguir mejorando y construyendo en aquellos casos que sea necesario mayor habitabilidad para la cantidad de gente que tenemos hoy día en las cárceles, que es bastante”.

“Pero también esto requiere de un proceso de modernización de algunas salidas y de penas respecto a ciertos tipos delictuales. Por ejemplo, los grilletes electrónicos para ciertos hechos delictuales, que se utilizan pero se deberían usar más, así como la búsqueda de fortalecer los sistemas alternativos”, añade.

Concluye que “el gobierno tiene que buscar los mecanismos para hacer más rápida la construcción de los nuevos recintos carcelarios y tratar de fortalecer todas aquellas cosas que tienen que ver con los programas de reinserción”.

 

• Durante diez días se han producido más de 900 réplicas del terremoto de 7,8 grados en la escala Richter que el sábado 16 de abril afectó significativamente la zona costera del noroeste de Ecuador, y que sigue provocando la caída de construcciones.

Durante diez días se han producido más de 900 réplicas del terremoto de 7,8 grados en la escala Richter que el sábado 16 de abril afectó significativamente la zona costera del noroeste de Ecuador, puntualmente en el Pacífico frente a la localidad de Muisne -cuyo hipocentro se detectó a menos de 10 kilómetros de profundidad-, y que hasta la fecha ha dejado 655 muertos, cerca de 4.600 heridos y a 48 desaparecidos.

En cuanto a las causas que siguen provocando la caída de construcciones, la experta Paulina González Soto, académica del departamento de Ingeniería en Obras Civiles de nuestra Universidad, explica que entre las causas se encuentran la magnitud del evento, la distancia de las edificaciones al epicentro y el tipo de suelo.

Agrega que, también, es necesario considerar el diseño estructural de la construcción, el diseño arquitectónico de la construcción, el material de que está construida la estructura y la calidad del proceso constructivo.

En ese contexto, la experta en análisis de sismos aclara que para determinar la causa de la gran catástrofe “se necesita analizar la Norma de Diseño Sismorresistente de Edificios de Ecuador, además, se debería realizar estudios con el objeto de determinar si las construcciones fueron diseñadas utilizando dicha normativa sismorresistente. También, habría que revisar si la construcción de los edificios se realizó con estricto apego a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto de diseño estructural”.

En términos generales, acota, que todavía “se requiere efectuar peritajes técnicos para determinar las causas de las fallas de las construcciones”.

Respecto a la razón por la cual el sismo no reunió las condiciones para un eventual tsunami que afectara las costas del pacífico, incluyendo Chile, la especialista precisa que “el valor de la magnitud del terremoto está en la zona  en que existe la posibilidad de que se genere un tsunami en caso que el hipocentro del terremoto esté ubicado en la zona de interacción de subducción de las placas de Nazca y Sudamericana”, señala.

Agrega que “desde un valor de magnitud de 7,5 hacia arriba, existe la posibilidad de que se genere un tsunami, pero el fenómeno es complejo, por lo tanto no es posible tener una certeza absoluta de que el tsunami ocurra”.

Relación con sismos de Japón

La experta, recuerda además que un día antes (viernes 15) dos sismos de magnitud 7,3 y 7,1 remecieron el sur de Japón, precisando que la única relación entre los movimientos telúricos de ambos países “es que Ecuador y Japón están en la zona que se denomina Cinturón de Fuego del Pacífico porque es la que tiene la mayor actividad sísmica del mundo. La distancia entre ambos eventos es muy grande -más de 15.400 kilómetros-, por lo tanto no existiría ninguna relación entre ellos”.

La académica advierte que el origen del terremoto de Ecuador, es el mismo que ocasiona los movimientos sísmicos en nuestro país.

“La relación entre los sismos de Ecuador y los terremotos chilenos es que la mayoría de ellos se producen en la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, zona que se encuentra en la costa oeste de Sudamérica, desde la península de Taitao en Chile hasta el sur de Panamá”, concluye.

• La académica de la Facultad de Química y Biología, Dra. María Angélica Rubio, sostiene que un cambio de trazado y de fuente de abastecimiento permitiría evitar crisis con el vital elemento como ocurrió el fin de semana en la Región Metropolitana. Estima que se debe reemplazar el río Maipo por las reservas de Laguna Negra, emplazada cerca del Embalse El Yeso y la Laguna del Encañado.

Durante el sábado y el domingo últimos, 29 comunas de la Región Metropolitana sufrieron el corte del suministro de agua potable. Según Aguas Andinas, empresa responsable de su tratamiento, dos aludes que se produjeron la noche del viernes, aumentaron 700 veces la turbiedad de las aguas. Asimismo, el desplazamiento de tierra y escombros comprometió la planta de captación ubicada en el sector de Las Vertientes, limitando  la producción y con esto propiciando el desabastecimiento.

Para la académica de la Facultad de Química y Biología, Dra. María Angélica Rubio, la interrupción del servicio de agua potable se debió principalmente a que los niveles de turbiedad que presentaba podían poner en jaque la red de cañerías del sistema, lo que represaría un enorme perjuicio.

“Lo que pasa es que si se tira barro por las cañerías, éste no se puede sacar nunca más. Tiene que ser un fluido especial con un porcentaje previamente definido para no dañar calefón, cañerías, llaves y toda estructura afín”, sostiene.

En ese sentido, la especialista explica que el agua que se potabiliza pasa por un estricto proceso, el que implica la eliminación de algunas sustancias sólidas o sedimentos que son propios de su fuente original, el río Maipo, que se produce por el roce entre el líquido y la tierra.

La empresa procesadora “toman el agua del río que trae sustancias sólidas que se llaman sedimentos, y la hacen pasar por unas piscinas a la que le agregan un sistema para que esas partículas que están en suspensión se vayan al fondo. Así van sacando los sobrenadantes y le van haciendo los tratamientos con algunas técnicas para desinfectar”, comenta la experta, que también pertenece al al Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología, Cedenna.

Es un sistema que se repite varias veces y que, luego de algunos tratamientos que involucran técnicas a base de un oxidante, consiguen desinfectar el agua. “Así la entregan sin sabor, olor, libre de gérmenes, es decir lista para su consumo”, complementa la especialista en tratamiento de aguas.

Urge un cambio

Para la Dra. María Angélica Rubio, es imperativo cambiar la fuente de abastecimiento, es decir el río Maipo, y cambiarla por las reservas que se encuentran en Laguna Negra, reserva natural emplazada cerca del Embalse El yeso y la Laguna del Encañado, en la comuna de San José de Maipo.

De esa forma se evitaría que desastres naturales como aludes, afecten la producción de agua potable que hoy se realiza en razón a una extensa red de cañerías que recorren el río Maipo.

Aguas Andinas “toma el agua directamente de la bocatoma del río Maipo y en realidad deberíamos sacarla de arriba, de Laguna Negra donde debiera haber una cañería que conectara directamente esta reserva natural de agua con el sistema, y no hacerla recorrer todo el rio” como hoy sucede, enfatiza la especialista.

Añade que en la mantención del trazado actual, ha imperado una visión dilatoria de la empresa encargada del servicio, tal como sucedió con las medidas adoptadas por la concesionaria a cargo de las obras viales de costanera norte y el desborde del río Mapocho.

“Ellos funcionan a largo plazo y no vislumbran que cada dos años pueden pasar este tipo de eventos; creen que porque sacan estadísticas que cada cuarenta años pasa tal flujo por lo que no va a volver a pasar, y la naturaleza es así”, reflexiona la académica.

Finalmente la experta recalca la necesidad de que se implemente un nuevo trazado que  surta a la ciudad de agua a través de Laguna Negra. Si bien es una inversión importante, “es urgente el cambio y el gobierno debiera exigirlo porque la población está creciendo y en la actualidad hay un tremendo recorrido de cañerías”, que está a merced de que vuelvan a suceder otros eventos de la naturaleza, concluye.
 

• De acuerdo al responsable del Laboratorio de Meteorología del Departamento Ingeniería Geográfica, profesor Álvaro Mauro, las próximas precipitaciones van a ser más bien sólidas  -nieve o granizo- porque claramente se nota un descenso de la temperatura. "Es probable que la lluvia nos haya impresionado mucho por los efectos adversos que causó, aunque este mes, además, las precipitaciones han sido el triple más altas que lo normal", explica.

De acuerdo al profesor responsable del Laboratorio de Meteorología del Departamento Ingeniería Geográfica, profesor Álvaro Mauro, las próximas precipitaciones van a ser más bien sólidas  -nieve o granizo- porque claramente se nota un descenso de la temperatura. "Es probable que la lluvia nos haya impresionado mucho por los efectos adversos que causó, aunque este mes, además, las precipitaciones han sido el triple más altas que lo normal", explica.

El meteorólogo proyecta una baja en las temperaturas mínimas para el resto de la semana y solo el próximo sábado retornarían las precipitaciones a la capital.

“No tendremos lluvias en Santiago hasta el sábado 23 o el domingo 24 de abril. También podría haber un frente entre lunes y martes de la próxima semana, pero aún es prematuro asegurarlo”.

El académico aclara que difícilmente se repetirá el fenómeno climático del reciente fin de semana porque “las próximas lluvias van a ser más bien sólidas en la zona cordillerana, porque habrá un descenso de la temperatura, situación más normal respecto a lo que habitualmente sucede en abril”.

Asimismo, precisa que el agua caída que hasta ayer lunes superaban los 85 milímetros en el Gran Santiago, podría haber sido provocada tanto por el fenómeno de El Niño, como por el cambio climático que nos afecta.

“El fenómeno de El Niño incidió de cierta manera en la intensidad de las precipitaciones, pero también hay que considerar las temperaturas altas poco habituales, que son efecto del calentamiento global, por tanto, es difícil asegurar cuál de los dos fenómenos fue el mayor responsable”, puntualiza.

Agrega que “el hecho de que haya precipitado agua líquida y no sólida es porque las temperaturas han estado más altas de lo normal hasta ahora”.

Respecto a la intensidad de las precipitaciones, el meteorólogo enfatiza que hay que considerar que en Santiago ha llovido el triple de lo normal hasta la fecha.

"Es probable que la lluvia nos haya impresionado mucho por los efectos adversos que causó, aunque este mes, además, las precipitaciones han sido el triple más altas que lo normal", explica.

Fenómeno podría repetirse

El profesor Mauro adelanta que el sistema frontal que afectó a las regiones Metropolitana y de O’Higgins podría reiterarse durante el año. “Este fenómeno no es exclusivo, es decir, es probable que encontremos eventos similares durante el resto del año”, sostiene.

Junto con ello destaca que las condiciones atmosféricas han tendido hacia la irregularidad. “Hay que entender que las condiciones atmosféricas no son regulares, por tanto, no tienen un comportamiento sistemático. En ese sentido son bien azarosas; hay cierta regularidad, pero solo en términos globales”, recalca.

Finalmente, remarca que las lluvias se concentraron en las dos regiones mencionadas, sin embargo no se puede predecir si los siguientes frentes tendrán las mismas características. “El fenómeno climático se puede predecir, pero no la intensidad, porque es más irregular”, concluye.

• “Si la empresa no tomó los resguardos adecuados, significa que el Ministerio de Obras Públicas no fiscalizó bien. Esa es su función: preocuparse de que la obra salga bien”, sostiene taxativo el académico de la Facultad Tecnológica de  nuestro Plantel, Dr. Lucio Cañete. Como es de conocimiento público, el desborde se produjo por los trabajos que una empresa privada realiza en la autopista Costanera Norte.

El desborde del río Mapocho a la altura de la comuna de Providencia provocó importantes problemas de desplazamiento, debido a que algunas de sus principales arterias, como las Avenida Andrés Bello o Providencia, entre otras, se transformaron en verdaderos afluentes. Asimismo, el comercio vivió una de sus peores jornadas al registrar pérdidas, en algunos casos catastróficas.

La razón de la crisis fue -precisamente- el plan de contingencia que la concesionaria Costanera Norte y la empresa constructora Sacyr realizaron para combatir el frente de mal tiempo. 

Como se conoce, Costanera Norte y Sacyr trabajan en el lecho del río en el contexto de Plan Santiago Oriente para descongestionar ese sector de la capital.

La solución consistió en la construcción de un canal que impidiera que el agua ingresara en las estructurar en proceso de edificación (túneles). Sin embargo, el cauce artificial estaba pensado para albergar un caudal máximo de 80 metros cúbicos por segundo, lo que entre las 5:00 y las 8:00 de la mañana del domingo, fue ampliamente superado cuando llegó a 120.

Para el académico de la Facultad Tecnológica de nuestro Plantel, Dr. Lucio Cañete Arratia, el principal responsable de los funestos acontecimientos es el Ministerio de Obras Públicas (Mop), el que a su juicio debe asumir los costos que trajeron las inundaciones.

“El Mop es el responsable de esto, porque otorgó una obra pública a un concesionario y tiene que hacerse  responsable de a quien se la entregó y de hacer las fiscalizaciones pertinentes”, afirma el experto.

¿De quién es la responsabilidad?

Desde la concesionaria, argumentaron que el canal que trazaron fue autorizado por el Mop hasta el 1 de mayo de este año, considerando una revisión de los caudales que el río Mapocho ha tenido históricamente en el mes de abril.

A su vez, el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sostuvo que el jueves pasado, durante una visita al lugar de las obras, hizo observaciones respecto a que la medida adoptada no sería efectiva frente a la mala situación atmosférica que se avecinaba.

Sin embargo, para el Dr. Cañete el que se hayan realizado malas decisiones tiene absoluta relación con cómo el estado vigiló la construcción y con qué asiduidad inspeccionó las faenas. “Si la empresa no tomó los resguardos adecuados, significa que el Ministerio de Obras Públicas no fiscalizó bien. Esa es su función: preocuparse de que la obra salga bien”, puntualiza.

Agrega que ante un proyecto de tal envergadura como el Plan Santiago Centro Oriente, que comprende importante infraestructura vial, que descongestionarán de forma considerable el desplazamiento vehicular en el sector oriente de la capital, el Mop debió ser muchísimo más riguroso.

“Debió estar supervisándolo, controlándolo y tener las medidas de resguardo pertinentes, independiente de los datos que hoy se están manejando de los caudales”, subraya el experto.

Dice el Dr. Cañete que quizás el Mop podría argumentar que la concesionaria entregó un informe y los datos que utilizó no eran reales.

Enfatiza que en este caso, el servicio público debe pedir respuestas a la empresa privada. Aclara, no obstante, que aquello no lo redime de responder ante el país. “Ante la ciudadanía el Mop es el responsable”, concluye.

• La Cámara de Diputados analizará la ‘agenda corta antidelincuencia’ que incluye la disposición sobre control preventivo de identidad. El doctor en sociología del IDEA, Cristián Parker, cuestiona esta medida, porque la actual Constitución establece que “nadie puede ser detenido arbitrariamente” y advierte que “se van a incrementar y exacerbar los conflictos que muchas veces observamos entre ciudadanos y miembros de la policía”.

La Cámara de Diputados analizará la ‘agenda corta antidelincuencia’ que incluye la disposición sobre control preventivo de identidad, lo que ya fue aprobado por el Senado, a pesar de las distintas voces que se han levantado en contra de esa ampliación de facultades a Carabineros de Chile.

Al respecto, el doctor en sociología del IDEA, Cristián Parker, cuestiona esta medida, porque la actual Constitución establece que “nadie puede ser detenido arbitrariamente”.

 “Creo que aquí se amplía una facultad que puede significar un incremento de conductas represivas que, a su vez, puede generar una reacción de parte de la población, de parte de la civilidad, en el sentido de revelarse en contra de lo que van a considerar como un sistema policial de orden y seguridad demasiado represivo. Se van a incrementar y exacerbar los conflictos que muchas veces observamos entre ciudadanos y miembros de la policía”, enfatiza.

Expresa que, sociológicamente hablando, “sí se puede vulnerar el derecho a la libre circulación y a no ser sujeto de arbitrariedad. No digo que vaya a ser así, pero se abre una puerta. La ley genera condiciones de posibilidad para que en determinadas circunstancias Carabineros o la Policía actúe de tal manera que prive a las personas de su libertad de circulación y la trate arbitrariamente”.

Parker explica que la disposición se produce debido a que la policía, en general, no estaría aplicando correctamente la legislación existente, ya “que estas mayores atribuciones son un exceso”.

“De alguna manera, vienen a encubrir una falla en el funcionamiento del sistema normativo que ya tenemos, y que faculta a las policías a detener a personas que efectivamente están cometiendo delitos, o por los que hay sospecha fundada de que se encuentran en vías de cometerlo”, afirma.

Señala que el otorgar facultades a la policía para identificar a cualquier persona sobre la base de mera presunción o sospecha “puede estar violando principios de la libertad y seguridad personal”.

“Detención por sospecha”

Diversos actores han afirmado públicamente que la norma vendría a restituir la derogada “detención por sospecha”. Sobre este punto, reconoce que “aunque es menos categórica que la normativa que existía hasta 1998, creo que así es, que hay algo de eso. Detención por sospecha que se va a restituir aun cuando no se va a llamar así y aun cuando está con mayor morigeración”.

Frente a ello, el doctor en sociología sostiene que “si ya una vez la sociedad chilena y el Parlamento debatió el punto y suprimió la detención por sospecha. Por lo mismo, creo que no debiera restituirse bajo ningún punto, porque atenta contra ciertos derechos humanos fundamentales, los cuales podrían ser vulnerados, claramente”.